Por ello, en su proyecto de ley de prevención del fraude fiscal, que pretende llevar al Consejo de Ministros el viernes próximo, incluye como una de sus medidas más destacadas la 'presunción de residencia fiscal en España' para esas personas, entre las que con que frecuencia se encuentran deportistas, artistas y representantes del mundo financiero.
Pero no es el único objetivo de su proyecto, que viene a completar el plan de prevención aprobado por el Gobierno a principios de febrero, que carecía de medidas en el ámbito normativo dada la complejidad de algunas de ellas.
Viviendas
Las compra-ventas de viviendas serán otro punto de atención prioritario para la Agencia Tributaria, que a partir del 2006 exigirá que en estas operaciones se consigne (vía escrituras) el medio de pago, así como la referencia catastral del inmueble en cuestión y el número de identificación fiscal (NIF) de los actores.
Estos requisitos serán «obligatorios» para inscribir la casa en el Registro de la Propiedad, y con ello se pretende paliar el «serio problema» que existe con las adquisiciones de vivienda por parte de los no residentes.
Estos, según explican los técnicos del fisco, suelen consignar en esas operaciones su número de pasaporte, «un elemento que para nosotros resulta prácticamente imposible de identificar en la práctica por cuestiones censales».
Otro ámbito de actuación será la tributación por módulos, fuente tradicional de algunos mecanismos de fraude, sobre todo a través de las famosas 'facturas falsas'.
Aunque la posición oficial de Hacienda es que estas irregularidades son «minoritarias», establecerá una retención en los pagos entre empresarios o profesionales (de entre el 2% y el 5% de la suma total) hasta verificar su veracidad.
Asimismo, se revisará el sistema de recargo por equivalencia en el IVA, para excluir a quienes se acojan al régimen de estimación directa en el IRPF, camino que también seguirán quienes fraccionen sus ingresos para no superar los límites fijados en la norma.
'Ingeniería fiscal'
Las medidas más novedosas, no obstante, tienen que ver con la llamada 'ingeniería fiscal' y los 'paraísos' de este tipo. El Gobierno pretende establecer un mecanismo que, en determinados casos, permita presumir que un ciudadano vive -a efectos tributarios- en España, siempre que «sus activos dominantes» (su patrimonio principal) esté aquí, con independencia de que tenga la residencia fiscal en otro país.
Además, se habilitan más posibilidades legales para identificar a las personas que operan en esos 'paraísos' a través de filiales de entidades financieras españolas.
Cambios legislativos
El proyecto, que el Gobierno enviará al Parlamento antes de que finalice el año para que a principios de febrero pueda iniciarse su tramitación (enero es inhábil en las Cortes), prevé la modificación de varias leyes administrativas y civiles en vigor, entre ellas la Ley General Tributaria, que apenas tiene dos años de vigencia.
En materia penal, sin embargo, no habrá modificaciones hasta que finalice sus trabajos una comisión conjunta de los Ministerios de Justicia y Hacienda, que estudia la reforma del delito fiscal.
Tampoco se crea una Policía Fiscal específica, aunque sí se quiere reforzar el papel investigador del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).
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