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El alza anual de los precios en los últimos años ha tenido impacto en todas las áreas de gasto de la economía y uno de los costes más relevantes del aumento del IPC está siendo la revalorización de las pensiones cada año. Desde 1998, la ley obliga al Estado a compensar a los pensionistas por el desvío al alza de la inflación, esto ha generado hasta la fecha un gasto público de casi 17.000 millones de euros.
La cuenta para obtener esta cifra es sencilla: en primer lugar, se toma lo que cuesta cada año la revalorización de las pensiones con efecto retroactivo a uno de enero, ya que ley funciona como si las pensiones tuvieran una cláusula de garantía salarial, que evita perder poder adquisitivo.
Pero ese coste se consolida al año siguiente en la nómina de las pensiones y queda consolidado como gasto para el resto de la vida del pensionista. Así, hay que multiplicar lo gastado cada año por el número de años que se ha estado pagando desde 1998.
Además, el tiempo medio que un jubilado está cobrando la pensión es 18 años. Teniendo esto en cuenta el coste será mucho mayor.
En 1998, el gobierno del PP, rectificó la Ley, en su primer año de aplicación, porque indicaba que los pensionistas verían adecuada su pensión a la inflación, ya resultara superior o inferior a la prevista. De no haber cambiado la ley, en 1998, los pensionistas deberían haber devuelto 600 millones de euros ya que el IPC fue seis décimas inferior al previsto. Con el cambio, la compensación sólo se hace si es a favor del pensionista.
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