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ECONOMÍA   

18 de Noviembre de 2005    


Las administraciones locales, en el punto de mira de Hacienda

ELVIRA MEDINA / MÁLAGA

La agencia tributaria busca las grandes bolsas de dinero negro. Conscientes de que las mayores plusvalías en el sector de la construcción se producen en el inicio del proceso, el Plan de Fraude aprobado el año pasado establece una especial atención para los ayuntamientos y comunidades autónomas desde que se produce la recalificación del suelo con el fin de evitar las tentaciones del blanqueo de capitales, un delito más que conocido en la Costa del Sol.


El sector inmobiliario es muy complejo, produce muchas plusvalías en muy poco tiempo y con muy pocas operaciones se pueden blanquear grandes cantidades de dinero. En el Plan del Fraude, aprobado en 2004 se detectó que siempre se habían vigilado por la Agencia Tributaria las infracciones en las últimas fases de la construcción, en la venta de viviendas, “cuando realmente la mayoría del dinero negro se genera en las primeras fases y normalmente, como no tengamos un sistema de información muy bueno, cuando la Agencia Tributaria se entera, pueden haber prescrito las primeras transmisiones, que es donde se genera el grueso de ese dinero negro”, informó a este periódico la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Inmaculada Vela Sastre. “Por eso el nuevo Plan del Fraude vigilará especialmente el inicio, desde que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma recalifican el suelo porque, sólo vigilando esas fases se pueden controlar las grandes bolsas de blanqueo”, señaló.

“Al ciudadano que compra una vivienda muchas veces le piden dinero negro precisamente porque de ese terreno ya habrán tenido que pagar una parte en negro, ya que al recalificarse de suelo rústico a urbano se producen unas plusvalías que no se quieren tributar”, argumentó Vela Sastre, quien participó ayer en un curso organizado en Málaga por el sindicato CCOO en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre el fraude y la evasión fiscal.

Los cargos públicos tampoco están exentos del control ya que, como indicó Vela Sastre, “la Agencia Tributaria, dentro de las tramas de facturas falsas, en la medida en que puedan encubrir temas de fraude fiscal o blanqueo de dinero, tiene como una prioridad la vigilancia de los cargos públicos dentro del proceso administrativo porque cuando se detecta un delito debe comunicarse al Ministerio Fiscal o ante el juez y, en la medida que se solicite, dar el auxilio técnico necesario”.

En el mismo rasero de vigilancia se encuentran otros profesionales puesto que, “tradicionalmente se pensaba que el sistema financiero era el responsable único de que se produjera el blanqueo de capitales porque era necesaria una entidad financiera; sin embargo, a lo largo del tiempo los grupos internacionales vieron que las redes, al ver que se le habían puesto las cosas difíciles en el sistema financiero acudieron a despachos de profesionales que, en muchos casos no es que asesoren, sino que son los que organizan la urdimbre para ocultar la identidad de los que han cometido los delitos”, apuntó la jefa de la Ofician Nacional de Investigación del Fraude.

En este aspecto reseñó que “todos los acuerdos internacionales se fijan también en abogados, empresas inmobiliarias, joyerías o casinos que están obligados a cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero y avisar al servicio correspondiente cuando haya sospechas de que se está produciendo el blanqueo”.

En el mismo curso el director del Departamento de Organización Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Fernando Díaz Yubero, señaló que el Plan del Fraude trata de dar una respuesta integral al fenómeno y ser “preventivo y no sólo de corrección que cubra desde la educación tributaria a la lucha contra las mafias organizadas”.

Con referencia a la proliferación de las redes de blanqueo en la Costa del Sol aseguró que “el fraude no tiene una localización geográfica y se extiende por toda España o por todo el mundo, desgraciadamente; lógicamente donde hay más actividad económica relacionada con el sector terciario o la construcción hay un mayor riesgo de fraude, lo que no quiere decir que todos sean estafadores, pero el problema no es que se termine en la provincia de Málaga y pase a Almería o Cádiz, sino que está en toda la costa mediterránea que tiene una gran actividad económica y que está creciendo mucho, con un sector turístico e inmobiliario muy potente”. Pese a ello señaló que “no existe un mapa de riesgo territorial porque, de hecho, la sociedad que defrauda puede estar domiciliada en Madrid y operar en Málaga y al revés”.



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