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13 de Noviembre de 2005    


Técnicos de Hacienda proponen cambios fiscales para que aflore el dinero negro inmobiliario

Los especialistas del ministerio estiman que la vivienda está sobrevalorada entre un 24 y un 35%

Levante-EMV / Valencia

El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) considera que la especulación en el sector inmobiliario y el aumento del precio de la vivienda -sobrevalorada entre un 24% y un 35%, aproximadamente- son consecuencia en gran medida de un tratamiento «inadecuado» de los impuestos que gravan la transmisión de la propiedad inmueble.


Los técnicos estiman que una tributación efectiva de las operaciones inmobiliarias por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Itpajd) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), frenaría las operaciones de carácter especulativo que están incidiendo de manera significativa en crear una demanda «artificial» y propiciar el «boom inmobiliario», donde el dinero negro ha encontrado un refugio rentable.

Por ello, los Técnicos de Hacienda califican de «prioritario» atajar de manera firme y continuada el fraude generalizado en el sector inmobiliario, al considerar que las condiciones económicas actuales son propicias para generar dinero negro ya que ocultan las rentas generadas en las distintas fases de recalificación de terrenos, urbanización, promoción, construcción y venta, con la consiguiente merma en los impuestos.

Gestha propone que la Administración adopte medidas fiscales más exigentes para combatir el fraude e iniciativas legislativas como, por ejemplo, que los plazos de devolución de los préstamos hipotecarios, que cada vez se amplían más, se limiten no más allá del final de la vida laboral de las personas, ya que «se incrementa desorbitadamente la carga financiera de las personas y se debilita la seguridad del sistema financiero en su conjunto, como alerta el Banco de España».

No obstante, advierte que cualquier «control fiscal o legal» tendente a la reducción de los precios, debe ser tratado con la «máxima prudencia y consenso» con los operadores porque puede causar efectos negativos como frenar el motor de la economía. Según Gestha, una caída en el precio de un 10% implicaría un descenso de ocho décimas en el ritmo de crecimiento del PIB.



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