Trabajo pretende limitar las jubilaciones anticipadas ciñéndolas a trabajadores de al menos 61 años —hasta ahora la voluntaria era a los 60 años— y con "muy largas" carreras de cotización. El secretario de Estado subrayó que el Gobierno apuesta también por ser "más flexibles" con los trabajadores despedidos que accedan a la jubilación anticipada que con aquellos que pacten voluntariamente la rescisión de su contrato. Respecto al primer colectivo, el acceso a la pensión quedaría demorado hasta el agotamiento de las prestaciones por desempleo que al trabajador pudieran corresponderle tras extinguir su relación laboral.

También podrían jubilarse anticipadamente, sin cambio alguno respecto a la normativa actual, aquellos cotizantes que hayan trabajado en condiciones de penosidad o peligrosidad y que no puedan mantener su actividad en un puesto distinto. Granado explicó que todas las pretensiones de Trabajo se basan en procurar una mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones y en mejorar la cobertura de aquellos colectivos más desprotegidos o con pensiones muy bajas. Según subrayó, todas las propuestas del Ejecutivo son absolutamente respetuosas con los actuales derechos de los pensionistas.

Más años de trabajo

En el borrador presentado a los agentes sociales, el Ejecutivo defiende la necesidad de incentivar, en la práctica totalidad de las situaciones, la prolongación de la vida laboral laboral más allá de los 65 años, tanto con independencia de los años cotizados como de la base de cotización. En su opinión, la pensión de los jubilados a partir de los 66 años debe ser superior en todo caso a la que les correspondería a los 65 años.

En este sentido, propone extender los incentivos actuales a todos los trabajadores que se jubilen a partir de los 65 años y hayan cotizado más de 15 años, sin que les sean de aplicación los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Además, quiere eliminar el límite máximo de pensión pública para quienes se jubilen a partir de los 66 años y acrediten 35 o más años cotizados.

Pretende también que en el Régimen General se amplíen las bonificaciones existentes para mayores de 60 años con cinco años de antigüedad a todos los cotizantes mayores de 59 años que tengan contrato indefinido. Granado hizo hincapié en que el Gobierno no desea modificar la edad ordinaria de jubilación, sino acercar la edad efectiva actual, de 63 años, a los 65 años. El documento de Trabajo tampoco plantea modificar el periodo de cómputo para la pensión, actualmente fijado en quince años.

Pensión de viudedad para parejas de hecho

En relación con la pensión de viudedad en el supuesto de parejas de hecho, el Gobierno propone que para acceder a la prestación se acredite, entre otras cosas, su inscripción en el registro público de la correspondiente comunidad autónoma con una antelación mínima al fallecimiento. En caso de inexistencia de un registro de parejas de hecho, se pediría la constatación de una convivencia "mutua, estable y notoria" a través de la constitución de la misma mediante escritura pública otorgada con una anterioridad mínima al fallecimiento de una de los dos miembros de la pareja.

Además, el Gobierno propone el establecimiento de un permiso de paternidad, de una semana de duración y exclusivo para el padre, a disfrutar una vez finalizado el permiso de la madre. En el documento, que consta de 25 páginas, Trabajo propone también suprimir la necesidad de acreditar un periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación por riesgo durante el embarazo.

Asimismo, y dentro de la protección a la maternidad, el Departamento dirigido por Jesús Caldera aboga por crear una nueva prestación económica, de riesgo durante el periodo de lactancia, en aquellos casos en que el puesto de trabajo de la madre presente riesgos para su salud o la de su hijo y no pueda ser trasladada a una actividad compatible con su estado. Las condiciones y términos de esta prestación serán las mismas que en las situaciones de riesgo durante el embarazo.

Afinar la rentabilidad del Fondo de Reserva

Granado señaló que el Ejecutivo planteará a los agentes sociales la necesidad de mejorar la rentabilidad del Fondo de Reserva, diversificando su cartera de inversiones, aunque sin disminuir en modo alguno su solvencia y seguridad. A su juicio, la toma de decisiones a la hora de invertir debería realizarse de manera más "ágil".

No obstante, el secretario de Estado subrayó que cualquier decisión sobre cómo gestionar el Fondo de Reserva tendría que ser acordada con los agentes sociales y con el Ministerio de Economía y Hacienda, al tiempo que reconoció la existencia de posibles dificultades a la hora de explicar las distintas políticas de inversión a poner en marcha.