Con esta nueva normativa, Hacienda quiere que los casi dos millones de contribuyentes que tributan en módulos cuenten con el pago de una retención cuando realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a otros empresarios o profesionales —nunca en operaciones con consumidores o clientes—, con el fin de evitar la aparición de "facturas falsas o sin coste fiscal".

Hacienda indica que, puesto que en este régimen, como regla general, los rendimientos y las cuotas devengadas se calculan según signos, índices y módulos y no a partir del volumen de ingresos y cuotas repercutidas reales, se ha detectado la aparición de "facturas falsas", con la finalidad de practicarse la deducción correspondiente.

"Se trata de casos poco numerosos pero de graves consecuencias tributarias", estima el departamento de Pedro Solbes, que admite que los pequeños y medianos empresarios, no involucrados en grandes tramas de fraude, tienen "muy reducidas" expectativas de ser comprobados en comparación con otros colectivos de contribuyentes.

Facturas falsas

Junto a esta medida, Hacienda realizará también un especial seguimiento de los medios de pago usados por los defraudadores para aparentar la emisión de facturas, con el objetivo de descubrir los circuitos financieros por los que se canalizan fondos al margen del control fiscal.

Además, dentro del control a las pymes y profesionales autónomos, la Agencia Tributaria está intensificando la inspección de los contribuyentes que renuncian a los regímenes de estimación objetiva, ya que estadísticamente los renunciantes que desarrollan actividades no agrarias declaran un tercio menos de rendimiento neto anual del declarado por quienes continúan aplicando dicho régimen.

La Ley de Prevención del Fraude Fiscal viene a completar, mediante la introducción de cambios normativos, el Plan de Prevención que entró en vigor en febrero de este año y que, entre otras actuaciones, se centra en el control del sector inmobiliario, las tramas de fraude en el IVA y el cobro de la deudas detectadas.