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El futuro Estatuto del Empleado Público se limitará a equiparar los requisitos básicos laborales en todas las Administraciones. Los complementos salariales y funciones serán determinados por cada comunidad autónoma.
El Gobierno tiene intención de que el futuro Estatuto del Empleado Público sea absolutamente “básico” en la regulación de las relaciones laborales en todas las Administraciones. Básico, en cuanto a que jurídicamente signifique que los puntos que recoja sean de obligado cumplimiento para comunidades y ayuntamientos, como el salario base y la política de personal que se recogen en los presupuestos de cada año, y básico, en cuanto a que el Gobierno dejará gran libertad a las otras administraciones para regular las condiciones laborales y los complementos salariales de sus empleados públicos.
Esta propuesta responde a los dos objetivos que se ha trazado el ministro para las Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con la elaboración de la norma. En primer lugar, pretende que la norma equipare por la base la situación de trabajo de los 2,3 millones de empleados públicos que hay en toda España. Y, en segundo lugar, que el proyecto pueda ser aceptado, en un “delicado equilibrio” por las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, los sindicatos y la mayoría de la oposición o, cuando menos, el Partido Popular y los nacionalistas.
Así, por ejemplo, en el capítulo salarial, la norma recogerá como de obligado cumplimiento el salario base, incluyendo en ello las pagas extraordinarias, pero, a partir de ahí, las comunidades autónomas podrán decidir los complementos de las subida salariales. Otro tanto se puede decir de la carrera profesional del empleado público. El Ejecutivo quiere establecer la promoción del empleado público para incentivarle, pero serán las otras administraciones las que regulen los pasos a dar para conseguirlo.
Sostener el proyecto
En busca del consenso, no sólo con las comunidades autónomas, sino también con el Partido Popular, el Gobierno está dispuesto a “sostener” partes del proyecto que, en 1999, llegó a elaborar Mariano Rajoy, cuando era ministro de Administraciones Públicas. La norma nunca fue aprobada por el Parlamento, precisamente por la rotunda oposición del PSOE. El anterior Ejecutivo no consiguió convencer de su proyecto a José Luis Rodríguez Zapatero, entonces portavoz socialista de Administraciones Públicas, ni tampoco a los partidos nacionalistas. En cambio, el Gobierno ha decidido mantener el capítulo del proyecto del PP que regula el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios.
Bien es verdad que, de esta forma, el Gobierno también garantiza el apoyo de los grandes sindicatos de funcionarios, porque ellos pactaron ese capítulo con el la Administración del PP, según recuerdan las fuentes del Gobierno consultadas por EXPANSIÓN. Claro es que también, en coherencia con ese proyecto, el Ejecutivo mantendrá la previsión de que, en última instancia, los salarios de los funcionarios deberán atenerse a la evolución de la economía.
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