El Plan de lucha contra el fraude impulsado por el Gobierno a principios
de año no funciona. La queja por la falta de medios, personal y medidas reglamentarias, tantas veces planteada por los inspectores
de Hacienda, ha sido reiterada por el colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).
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Un informe elaborado por esta asociación detecta que unas 57.700 empresas cuya facturación se encuentra entre 1,8 y 6 millones de euros escapan al plan de prevención del fraude. Según su informe, las sociedades comprendidas en este tramo poseen “mayores probabilidades” de escapar al control de Hacienda porque se saltan la obligación de ser auditadas externamente. Esto se debe a que en la mayoría de los casos no sobrepasan los 4,7 millones de facturación, su plantilla tiene menos de 50 empleados y su valor de activo no supera los 2,3 millones de euros.
Pero, sobre todo, Gestha incide en la escasez de inspectores de Hacienda dedicados a las tareas de comprobación. Por eso, los técnicos financieros han pedido al Ministerio de Economía que habilite a los más de 2.000 subinspectores que posee la Agencia Tributaria “para realizar las comprobaciones generales” en este grupo de empresas, y reducir el nivel de posible fraude.
De modo contrario, los técnicos estiman que, con los medios actuales, la Agencia Tributaria necesitaría una media de 24 años para cubrir e investigar a esas 57.700 empresas. Aunque en regiones como Aragón, La Rioja o Murcia, el tiempo necesario podría superar los 40 años.
Para dar la vuelta a esta situación sería necesario modificar las competencias de los subinspectores. Desde 1993, estos funcionarios sólo pueden realizar comprobaciones generales a pequeñas empresas, con una facturación inferior a 1,8 millones. De traspasar ese límite, sus actas pueden quedar anuladas en los tribunales de Justicia. Por eso, Gestha cree que esa barrera está “desfasada” y debería ampliarse para ampliar el campo de acción de los subinspectores.
Más eficacia
La economía sumergida en España representa en torno al 23% del PIB, unos 130.000 millones de euros, mientras que la media de la UE es del 13%. Los técnicos del Ministerio calculan que un plan eficaz de lucha contra el fraude podría reducirla un 10%, y aflorar 56.522 millones de euros en dinero negro, cuya tributación normal aportaría al Estado unos ingresos del 13.000 millones de euros. Esa cantidad, por ejemplo, es más de dos veces los 5.300 millones de la deuda sanitaria del conjunto de las comunidades autónomas.
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