La asociación señala, en el marco de su XV Congreso que se desarrolla en Granada, que la propuesta de Estatuto además crea "indefinición" en la distribución de competencias fiscales entre la Generalitat y el Estado y es "incompatible" con el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Los inspectores recuerdan que la Comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat no puede dictar normas con rango de ley, al no ser un órgano legislativo. "Es posible que los acuerdos de la Comisión mixta se trasladen mecánicamente a las Cortes Generales o al Parlamento de Cataluña; pero nada garantiza que las Cortes Generales no legislen, al margen o en contra de la Comisión mixta. ?Esto sería válido?", se preguntan.
Asimismo, a su juicio, la pretensión del texto aprobado por el Parlamento catalán de que lo recogido en su 'Estatut' sea aplicable de forma preferente sobre la legislación del Estado en caso de conflicto es de una constitucionalidad "más que dudosa".
La organización advierte de la "inseguridad jurídica pavorosa" que crea la propuesta de 'Estatut' al establecer que la Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre "todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña". "?Cuándo se entiende que es un impuesto soportado en Cataluña? ?Cuándo el vendedor es una empresa con sede en Cataluña, aunque venda en Badajoz? ?Cuándo una empresa de Badajoz vende en Barcelona? ?Quién lo define?", preguntan los inspectores.
Además, rechazan la asunción de la totalidad de lascompetencias de gestión, recaudación, liquidación e inspección que desarrolla actualmente la Agencia Estatal de Administración Tributaria por parte de una nueva Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Este cambio afectaría con problemas "generales" o "específicos" de gestión a tributos a la importación, Impuestos Especiales de Fabricación, Sociedades, IRPF e IVA.
MAYOR FRAUDE
A ese respecto, señala que la aplicación del contenido de la propuesta de nuevo 'Estatut' que salió del Parlamento catalán podría derivar en dificultades para el intercambio de información (necesario para un adecuado control del fraude) entre los funcionarios de los distintos organismos tributarios.
"La ATC no dará acceso completo (ahora no da ninguno) a sus bases de datos a los funcionarios de la Agencia Estatal, como de hecho ya ocurre en la actualidad entre las Administraciones Tributarias. Este hecho será más grave porque la ATC gestionará más información que actualmente", advierten los inspectores.
"La aplicación de los preceptos estudiados, en los que seestablece que corresponde a la ATC de la Generalitat la gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos los tributos soportados en Cataluña, conllevaría efectos muy negativos sobre la eficiencia del sistema, ya que incrementaría los niveles de fraude y evasión fiscal, dificultaría el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes y disminuiría su seguridad", aseveran.
Además, los inspectores estiman que se incrementaríanexponencialmente los cambios ficticios de domicilio, "ya que los contribuyentes defraudadores aprovecharían los fallos de información para deslocalizarse y evitar pagar a ninguna Administración".
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