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El colectivo de técnicos financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) aplaudió la iniciativa del Gobierno de incluir la fiscalidad ecológica dentro del sistema estatal. Si bien, advirtió de que debe ir acompañada de una reducción en los impuestos que se aplican al trabajo, con el objeto de evitar un aumento de la presión fiscal y la doble imposición tributaria.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presentó la semana pasada esta medida, que actualmente estudia el Gobierno, y alguna otra modificación del Impuesto de Sociedades para la reforma fiscal que entrará en vigor en 2007.
Con el argumento de reducir los impuestos del trabajo, GESTHA no criticó los denominados "impuestos ecológicos", sino que pidió que se acompañen de una reducción de la presión fiscal sobre la actividad laboral: "Redundaría en beneficios para el empleo y el medio ambiente".
El secretario general de Gestha, Joaquín del Moral, asegura que, de entre todas las políticas medioambientales, "la fiscalidad ecológica debe ser prioritaria" ya que, a su juicio, "garantiza el futuro del medio ambiente".
Necesarios para Kioto
En este sentido, consideró que los "impuestos verdes" son "necesarios" para lograr los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto, dirigido a reducir la emisión de gases que producen el efecto de invernadero ante los indicios, "cada vez más convincentes", de recalentamiento del planeta y su posible incidencia en catástrofes naturales, como los huracanes que recientemente azotaron el sur de Estados Unidos.
Por otro lado, el colectivo recordó: "Dentro del debate público, se suelen confundir con bastante asiduidad los conceptos de impuestos, tasas y contribuciones especiales", cuya finalidad "no es recaudatoria sino de prevención" y de restauración de los efectos tóxicos o nocivos para el medio ambiente derivados del consumo o de actividades productivas.
El principio de la denominada fiscalidad medioambiental se asienta sobre la premisa "quien contamina, paga". Además, GESTHA recuerda que la fiscalidad medioambiental es "la opción de política más aceptada internacionalmente" por los países industriales para alcanzar las metas y cumplir los plazos acordados en Kioto.
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