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La futura Ley del Suelo obligará a las comunidades autónomas reservar terrenos para viviendas de protección oficial (VPO) que sean, como mínimo,
un 25% del total de los nuevos desarrollos urbanísticos. La medida, ya contemplada en el Plan de Choque aprobado el año pasado, es coherente con
la política del Gobierno de promover este tipo de vivienda. Actualmente son las propias comunidades las que deciden sobre el porcentaje de suelo
para vivienda protegida: algunas no lo marcan (Valencia) y otras lo superan (Madrid o Navarra), pero en la mayor parte muy inferior a ese 25%. El
Gobierno hará uso de su potestad para establecer una horquilla. La medida es correcta, y debe dar resultado si se aplica con eficacia. Como otras
incluidas en la nueva norma para acabar con la nefasta retención especulativa de solares. Pero, al restar ingresos a las Administraciones
territoriales, requiere también ir de la mano de nuevas soluciones para la financiación autonómica y local.
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