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El ministerio estudia otras fórmulas para mejorar el trato fiscal
de las rentas más bajas
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Una vez pactado con las comunidades autónomas el plan para mejorar la financiación de la Sanidad, la vicepresidencia económica del Gobierno centrará sus trabajos de las próximas semanas en dar un impulso definitivo a la reforma fiscal que quiere aprobar antes de que concluya el ejercicio. No obstante, el nuevo impuesto no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2007 y afectará, por tanto, a las declaraciones que se presenten en el 2008.
Ya en marzo pasado, el vicepresidente Pedro Solbes presentó las líneas maestras de la reforma fiscal, que finalmente ha quedado reducida a una serie de retoques de poco calado que, además, van en la misma línea de los introducidos por los gobiernos del PP, esto es, rebaja del tipo máximo del 45% al 42% o 43% y de los tramos del IRPF, que pasarán de los cinco actuales a tres o cuatro. Ambas medidas han sido muy criticadas por partidos como IU y ERC, y por casi todos los sindicatos, porque van en contra de la mayor progesividad fiscal prometida por el PSOE en su programa electoral. De momento, no está nada claro si el equipo de Pedro Solbes decidirá recortar el tipo mínimo, actualmente en el 15%, aunque todo apunta a que no será así, contrariamente a lo que realizó el anterior gobierno popular en sus dos reformas fiscales.
Fuentes de Economía argumentan que en España hay poco margen para reducir el tipo mínimo, que se encuentra muy por debajo de la media europea, situada en el 21%. Pero el problema de fondo está en que la rebaja del tipo mínimo puede tener un gran coste recaudatorio para el Estado, ya que afectaría a todos los contribuyentes, al contrario de lo que sucedería con la rebaja del tipo máximo, cuyo impacto alcanza a los de mayor renta.
Existen, además, otras razones de índole puramente económica que aconsejan aplicar una política fiscal "en contra del ciclo", según sostenía esta semana el secretario de Estado de Economía, David Vegara. El alto funcionario dibujaba una coyuntura marcada por una fuerte demanda interna, un elevado precio del crudo y un galopante déficit exterior, un marco en el que una rebaja efectiva de la presión fiscal, con la liberación de recursos hacia el sector privado, sería contraproducente, algo así "como echar más leña al fuego del consumo", en palabras de un técnico de Hacienda.
A todo esto se añade el mayor esfuerzo que el Estado tendrá que hacer para financiar el sistema sanitario español, al que esta misma semana se ha compromentido a aportar la nada desdeñable cifra de 1.677 millones de euros anuales. Otro motivo para no tocar el tipo mínimo está en la reducción progresiva de transferencias de fondos europeos hacia España, que mermará sensiblemente las arcas públicas.
En suma, en medios del Gobierno se piensa que no es el mejor momento para rebajar impuestos de una forma real. Por esa razón, ya se ha decidido aplazar sine die la reforma del impuesto de sociedades y también se ha descartado la rebaja de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, si bien Economía aún no ha tomado una decisión sobre las aportaciones al subsidio de desempleo.
Ante ese panorama, Hacienda estudia cómo compensar a las rentas más bajas del hecho de no rebajar el tipo mínimo, pues el Gobierno se ha comprometido a mejorar el trato fiscal de los salarios. El equipo de Solbes considera la posibilidad de aumentar el mínimo exento, aunque en todo caso "se elaborará una tarifa completamente nueva, por lo que no se puede decir que las rentas más bajas resultarán perjudicadas", puntualizan en Hacienda, donde no se descarta aumentar la actual reducción por rentas del trabajo.
Otra fórmula para compensar a los contribuyentes con menos ingresos podría consistir en cambiar el actual sistema de deducciones por hijos, que, según el Gobierno, favorece a los contribuyentes con más ingresos, puesto que se deducen de la base, en lugar de la cuota. Con este mismo objetivo de compensar a las rentas más bajas, Economía estudia recortar las deducciones por planes de pensiones suprimiendo los límites de aportación incrementados que existen para edades cercanas a la jubilación, que, a juicio de Hacienda, sólo usan los contribuyentes con rentas altas y que pueden alcanzar hasta 24.000 euros. Estas deducciones tienen un coste para el Estado superior a los 3.000 millones de euros anuales.
Finalmente, el Gobierno podría cargar la mano en las plusvalías, como forma de demostrar que tambien las rentas no salariales resultan castigadas, subiendo el tipo del 15% al 18%, aunque fijaría un mínimo exento para que los pequeños inversores no paguen por su ahorro.
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