Los contribuyentes españoles soportan una presión fiscal indirecta muy elevada y colaboran ampliamente con la Agencia Tributaria por la vía de autoliquidaciones, declaraciones de retenciones, certificados ... Por tanto, una vez cumplidas sus amplias obligaciones de índole fiscal, pueden pensar que ahí acaba su ámbito de colaboración, dejando que los órganos propios de la Administración (Inspección básicamente) actúen en las tareas de investigación", opina Neus Sala, vicepresidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aeadaf).
Coincide con esta apreciación el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, José María Peláez: "los ciudadanos piensan que ellos no son delatores, que ahí está la Administración para detectar el fraude". Sin embargo, los inspectores no creen que esta falta de compromiso del contribuyente en la lucha contra el fraude obedezca a que ya tienen muchas obligaciones, sino a que "el fraude fiscal no tiene el repudio social con que cuentan otro tipo de delitos. Si en vez de preguntar por casos de fraude se pregunta si se informaría a las autoridades en caso de conocer que alguien ha robado o ha agredido a otro, seguro que la respuesta es sí", dice Peláez.
Su percepción se corresponde con "la falta de conciencia cívicofiscal" o de "cultura del deber cívico" que denuncian otros especialistas en materia tributaria. "Llevamos pocos años de trayectoria democrática y los españoles no perciben que lo público es de todos, como ocurre por ejemplo en los países nórdicos. Aquí lo público se percibe como que no es de nadie", comenta Joaquín del Moral, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda.
En este sentido, Antoni Duran-Sindreu, asesor fiscal de Abogados y Consultores, coincide en que "no hay cultura real de que la Administración, el Estado, somos todos, el ciudadano paga por obligación, porque percibe un control sobre sus rentas". Y denuncia que "no existe transparencia ni percepción clara de la relación entre servicios públicos e impuestos; los ciudadanos deben saber que no existen servicios gratuitos a pesar de que los políticos fomenten la cultura de la gratuidad de los servicios con promesas de rebajas de impuestos. Sin el convencimiento de que existe un deber cívico para con la Administración, para tener mejores servicios, no me extraña que no exista predisposición a colaborar en la lucha contra el fraude".
Sensación de impunidad
Y tanto inspectores de Hacienda como asesores fiscales están convencidos de que esta falta de predisposición tiene también mucho que ver con el convencimiento generalizado de que la actual política de lucha contra el fraude es ineficaz. Según el informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), los españoles consideran que las principales causas del fraude son de índole administrativa: la impunidad de los grandes defraudadores y la ineficacia de la lucha contra el fraude. "El ciudadano no encuentra respuesta alguna a la pregunta ¿de qué va a servir denunciar?", indica Duran-Sindreu. En una línea similar, Del Moral asegura que "no se denuncia porque no se cree en el actual sistema para combatir el fraude fiscal".
Y por si alguien pudiera responsabilizar de esa ineficacia a los inspectores o los funcionarios de Hacienda, tanto desde Gestha como desde la Organización de Inspectores dejan claro que el problema está en la carencia de medios, de medidas legales, en la propia organización de la Agencia Tributaria, y en los planes de lucha contra el fraude impulsados por los sucesivos gobiernos, que priman la cantidad sobre la calidad de las inspecciones. "Con los actuales objetivos anuales, una unidad regional de inspección (URI) tiene que comprobar una empresa al mes, en 20 días hábiles. Si se tiene en cuenta que hablamos de empresas que facturan más de 24 millones de euros al año y que la URI la integran un inspector, un subinspector y, a veces, un agente tributario, ya se puede ver que es imposible descubrir nada", explica Peláez.
Los asesores fiscales, por su parte, opinan que la falta de transparencia de la Administración a la hora de concretar los casos de fraude y qué se entiende realmente como fraude provoca que los contribuyentes mantengan la percepción de que el fraude aumenta y queda impune, mientras que ellos y otros contribuyentes mejoran su grado de cumplimiento tributario y ven aumentar sus obligaciones fiscales.
Educación cívico-fiscal
A pesar de estas percepciones, el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, afirma que "la gran mayoría de los contribuyentes cumple sus obligaciones fiscales correctamente" y, sin precisar su número, asegura que también hay muchos que informan de posibles defraudadores. "Se reciben denuncias de todo tipo, unas ciertas y otras no. Todas se tramitan conforme a un procedimiento normalizado y las que tienen fundamenteo son objeto de análisis en profundidad", declara Pedroche.
Y comparte con ciudadanos y expertos tributarios el convencimiento de que si en la escuela se impartiera cultura cívico-fiscal habría menos fraude (así opinan el 73% de los encuestados por el IEF). "La información y la formación son herramientas básicas en esta materia. El conocimiento de los deberes y obligaciones, de derechos y responsabilidades, es la mejor opción para que el ciudadano elija su grado de compromiso fiscal con la sociedad", dice Neus Sala. El director de la Agencia, por su parte, asegura que ya han comenzado a realizar programas de educación tributaria para un portal de internet dirigido a niños y profesores. "Creo que un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos de la utilización de sus impuestos, junto con una gestión más eficaz y transparente, así como la simplificación de los impuestos, contribuiría positivamente a reducir los incumplimientos", declara Pedroche.
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