Según explicó la letrada, que lleva años litigando el caso, el Tribunal de Estrasburgo, última instancia a la que el sindicato podía recurrir tras la inadmisión del recurso que presentó CCOO ante el Tribunal Constitucional, ha observado "cierta vulneración" de los derechos humanos recogidos en la Convención Europea.

Si el Tribunal de Estrasburgo, que tardará alrededor de un año en emitir su fallo, estima finalmente la demanda de CCOO, el Gobierno español estará obligado, según el sindicato, a cumplir su sentencia. CCOO confía en tener éxito y lograr lo que no pudo ante el Constitucional. De momento, según dijo Carmen Perona, el sindicato ha conseguido que un tribunal superior admita a trámite los mismos argumentos que echó por tierra el TC para rechazar su demanda.

El recurso que CCOO ha presentado en Estrasburgo se fundamenta en la vulneración de varios artículos del Convenio de Derechos Humanos. Por un lado, el sindicato entiende que, ante la indefensión que le generó el TC al inadmitir su demanda, se ha violado el articulo 6 del citado convenio, según el cual toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial.

Asimismo, el sindicato considera que se ha violado el derecho a la libertad sindical al negar el Gobierno a los empleados públicos su derecho a la negociación colectiva. Tanto María José Alende como Carmen Perona informaron de que CCOO emprenderá a partir de ahora una campaña explicativa para pedirles a los empleados públicos que se personen en Estrasburgo y apoyen los fundamentos jurídicos del recurso sindical.

"Así se validará la fundamentación jurídica y se hará ver que no sólo es una organización sindical la demandante. Servirá para que el Tribunal de Derechos Humanos valore en qué medida afecta a los empleados públicos este caso", afirmó Perona, quien confió en poder llevar a Estrasburgo las demandas de unos 500.000 funcionarios.

Fidalgo: Hasta el final

El periplo judicial por la congelación salarial que padecieron los empleados públicos en 1997 comenzó hace varios años. En contra de los acordado en 1994, el Gobierno del PP congeló los sueldos en 1997. CCOO recurrió entonces a la Audiencia Nacional, emitiendo ésta el 23 de enero del 2001 una sentencia "histórica", en la que estimaba los argumentos sindicales y condenaba al Gobierno a pagar los atrasos al colectivo de funcionarios.

Pero el Ejecutivo del PP recurrió el fallo de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, quien un año más tarde "dejaba sin efecto" la sentencia de la Audiencia Nacional. CCOO presentó entonces un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tres años después, les fue denegado. El sindicato decidió entonces llevar el caso a Estrasburgo que, de momento, ha admitido a trámite sus argumentos.

Aunque CCOO confía en sus posibilidades, su secretario general, José María Fidalgo, advirtió de que el sindicato seguirá defendiendo "por todos los mecios a su alcance" la preservación de los derechos de los trabajadores, entre ellos, el derecho a la negociación colectiva para los empleados públicos. "Los derechos sindicales son derechos constitucionales, en los que está anclado el derecho social y, por tanto, son leyes. Los gobiernos no pueden actuar fuera de la regulación ni fuera de los convenios internacionales", subrayó el dirigente sindical.

Preguntado por el hecho de que haya cambiado el signo político del Gobierno, Fidalgo quiso dejar claro que CCOO no está litigando contra nadie, si no en favor de un derecho fundamental como es el derecho a la negociación colectiva. En cualquier caso, aseguró que los gobiernos democráticos son, de alguna manera, responsables subsidiarios de los "actos u omisiones" de los gobiernos anteriores.

En este punto, la portavoz del área pública de CCOO, María José Alende, denunció que la sentencia de la Audiencia Nacional fue utilizada tanto por el entonces Gobierno del PP como por la oposición, que hizo de ella un uso "demagógico". Alende recordó que el ahora presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo estando en la oposición que si él fuera el jefe del Ejecutivo habría cumplido el fallo y pagado a los funcionarios las cantidades que dejaron de percibir a causa de la congelación salarial que sufrieron.