Los inspectores y técnicos de Hacienda, así como las asociaciones
de enfermos crónicos, rechazaron ayer la propuesta de subida de impuestos para financiar la sanidad. Mientras, los consejeros de
Economía y Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP rechazarán hoy el plan del Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal.
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La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado expresó ayer su oposición a la propuesta del Gobierno de elevar los impuestos especiales y de permitir a las Comunidades Autónomas establecer recargos sobre la energía para hacer frente al déficit sanitario, ya que “el incremento de la presión fiscal volverá a recaer sobre los ciudadanos que cumplen rigurosamente con sus obligaciones tributarias”.
Los inspectores explicaron en un comunicado que la propuesta del Gobierno de incrementar la presión fiscal tendría razón de ser si el fraude fiscal existente actualmente en España estuviera en niveles similares al del resto de países europeos, y si el Gobierno hubiera realizado todos los esfuerzos necesarios para luchar contra el fraude.
Igualmente, el colectivo de técnicos financieros del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamó que la financiación sanitaria sea “estable y suficiente” para atender las demandas de los ciudadanos, y contener mecanismos rápidos para la corrección de las variables de distribución de la financiación.
Para Gestha, la propuesta que ha realizado el Gobierno “debe entenderse con carácter excepcional y transitorio”.
En su opinión, resulta técnicamente “muy adecuado” elevar los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol en la medida en que desincentiva su consumo, así como aumentar transitoriamente del 98% al 100% los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos.
Por el contrario, calificó de “poco adecuado” el recargo de dos puntos en el impuesto sobre la electricidad, al entender que perjudicaría el crecimiento económico, la productividad empresarial y el poder adquisitivo de las familias. Igualmente, no se mostró a favor de duplicar la capacidad normativa de las comunidades en el llamado ‘céntimo sanitario’ con el precio del barril por encima de los 60 dólares.
La Coalición de Enfermos Crónicos pide que se garantice la calidad de las prestaciones sanitarias e incremente los recursos del Sistema Nacional de Salud. Para la organización, el aumento de impuestos no es la vía más adecuada porque grava la deuda sobre todos los ciudadanos sin tener en cuenta la diferencia de rentas y abogan por corregir el sistema de forma estructural.
Los consejeros de Hacienda y Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP se reunieron con algunos miembros de la dirección del PP y acordaron rechazar hoy la propuesta del Gobierno de financiación sanitaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previo a la Conferencia de Presidentes de este sábado.
Al encuentro acudieron los secretarios ejecutivos del PP en materia de Sanidad, Política Territorial y Economía, Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaría y Miguel Arias Cañete.
Sistema en riesgo
El conseller de Sanidad, Vicente Rambla , señaló que el Gobierno debe hacer una propuesta que permita el desarrollo del actual modelo, “actualizando la variable de población para ajustarla a la realidad demográfica de nuestra Comunidad” ya que con la propuesta actual “pone en riesgo la calidad del sistema sanitario escatimando recursos como lo está haciendo”.
Así, indicó que en el mes de junio de 2005, la Comunidad Valenciana registraba 4.854.000 ciudadanos en posesión de tarjeta sanitaria, mientras en el año 2002, año en que entró en vigor el modelo de financiación, esta cifra se situaba en los 4.200.000. Rambla se refirió al “importante” volumen de turistas de otras Comunidades a los que la Comunidad Valenciana debe ofrecer asistencia sanitaria , especialmente durante los meses de verano.
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