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Lograr amplio apoyo parlamentario para los presupuestos del año que viene y definir la futura reforma del IRPF son los dos principales retos a los que se enfrenta el Ministerio de Economía y Hacienda en el curso político que empieza.
Además, este Departamento tiene entre sus tareas más inmediatas la búsqueda de un acuerdo con todas las comunidades autónomas para resolver el problema de la financiación sanitaria, sobre la base de la propuesta presentada hoy, que será debatida primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después en la Conferencia de Presidentes del día 10.
Entre los proyectos legislativos de este ámbito que se encuentran en tramitación parlamentaria y que deberán ser aprobados en los próximos meses destaca la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los dos textos de medidas de impulso a la productividad.
El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2006 será aprobado, previsiblemente, por el Consejo de Ministros del próximo 23 de septiembre, para su envío antes de fin de mes a las Cortes, que deberán ratificar el texto antes del 31 de diciembre.
Los presupuestos del año que viene se basarán en una previsión de aumento del PIB del 3,3 por ciento, la misma tasa que este año, y un ritmo de creación de empleo en contabilidad nacional del 2,6 por ciento, una décima menos que en 2005.
Las prioridades de los presupuestos, según avanzó el Gobierno a finales de julio, serán la convergencia con la Unión Europea en I+D+i y sociedad de la información, las infraestructuras, la ayuda al desarrollo, la política social y la mejora de los servicios de la Administración General del Estado.
Entre las partidas de gasto que registrarán mayores incrementos figuran las de vivienda e I+D+i, que crecerán más del veinte por ciento, muy por encima del aumento medio del gasto, del 7,6 por ciento.
También serán capítulos prioritarios las becas y las pensiones no contributivas, cuya dotación crecerá por encima de la media del gasto.
La intención del Ejecutivo y del Grupo Parlamentario Socialista es recabar, antes de la llegada de los presupuestos al Congreso, suficiente apoyo para sacarlos adelante sin apuros y evitar el rechazo de los mismos en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría simple.
Por eso, además de los socios habituales -ERC e IU-ICV-, ya han comenzado a establecer contactos con otras fuerzas parlamentarias, como CiU, PNV, CC y el Grupo Mixto.
En cuanto a la reforma fiscal, la intención del Ejecutivo es aprobarla en el último trimestre del año, para su tramitación parlamentaria a lo largo de 2006 y su entrada en vigor en 2007.
Los objetivos de la reforma son mejorar el trato fiscal a las rentas del trabajo, recuperar la equidad en el tratamiento de las circunstancias familiares y personales, reducir el número de tramos (tres o cuatro en lugar de los cinco actuales) y rebajar el tipo máximo (desde el 45 por ciento actual), revisar las principales deducciones, asegurar la progresividad y perseguir el fraude.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha asegurado que no se adoptarán cambios sustanciales en la tributación de las plusvalías y que se mantendrán, con escasas correcciones, la desgravación por vivienda y por aportación a planes de pensiones.
En lo que se refiere a la financiación sanitaria, el Gobierno pretende resolver el problema en la Conferencia de Presidentes del día 10, de modo que se puedan incorporar las modificaciones al proyecto de presupuestos.
Asimismo, sobre la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo debate comenzará próximamente en el Congreso, su aprobación está garantizada, después de la negociación con ERC e IU-ICV.
El texto mantiene el concepto de estabilidad, pero a lo largo del ciclo, y permitirá incurrir en déficit, del uno por ciento del PIB para el conjunto de administraciones, cuando el crecimiento económico sea inferior al dos por ciento.
Por último, está pendiente la ratificación parlamentaria de los proyectos de ley de impulso a la productividad, cuyo objetivo es alcanzar un patrón de crecimiento duradero y equilibrado, basado en el aumento de la productividad y del empleo.
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