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Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados disponen hasta el próximo 19 de septiembre para presentar sus enmiendas al proyecto de ley de la Carta Municipal de Barcelona y al de creación de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. Ambas leyes, que se tramitarán en la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja con competencia legislativa plena, proceden del departamento que dirige Jordi Sevilla.
El anteproyecto de la norma por la que se regula el régimen especial del Municipio de Barcelona se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 29 de julio y en ella se reconoce un estatus especial para la Ciudad Condal, con más competencias para el Ayuntamiento, más facilidades de gestión y una nueva financiación.
Así, el proyecto de ley, negociado desde inicio de legislatura entre el Ministerio de Administraciones Públicas, el de Economía y Hacienda, y las instituciones locales y autonómicas catalanas, amplía las competencias del Consistorio barcelonés, que tendrá potestad en puertos y aeropuertos, en el dominio público marítimo-terrestre, en telecomunicaciones y en seguridad ciudadana y movilidad.
JUSTICIA DE PROXIMIDAD PARA BARCELONA
También se incluye en la Carta la llamada Justicia de proximidad, pendiente de los trámites de modificación de la legislación básica. Inicialmente, establece que los jueces de proximidad podrán elegirse en ciudades de más de 175.000 habitantes y de comunidades con competencias en Justicia, entre otros requisitos. Prevé, de hecho, que la Guardia Urbana de Barcelona ejerza de Policía Judicial de este nuevo servicio.
Finalmente la Ley introduce un Régimen Financiero Especial de la ciudad, que incluye especialidades en la regulación de determinados tributos, así como en cuestiones como la contabilidad o el control de la Hacienda municipal, con especial relevancia en los recursos para el área metropolitana de la ciudad.
Por su parte, el proyecto de Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos recibió luz verde del Consejo de Ministros el pasado 8 de julio. Con esta norma se incorpora a la Administración General del Estado una nueva fórmula organizativa general, que permitirá también la participación de las comunidades autónomas en competencias estatales.
NUEVO ORDEN ADMINISTRATIVO
La iniciativa busca simplificar la estructura administrativa actual de los organismos públicos, que tendrán dos años para convertirse en agencias y, además, serán la forma habitual de creación de nuevas organizaciones. Estas figuras se regirán mediante un contrato de gestión por objetivos para garantizar la eficiencia y rapidez en los resultados.
Asimismo, establece que la creación de las agencias requiere autorización por ley que determine su objetivo, si bien su puesta en funcionamiento efectivo se llevará a cabo mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.
Con el proyecto, el Gobierno da el visto bueno a la creación de agencias en nueve materias: Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, Boletín Oficial del Estado, Investigación Científica, Inmigración y Emigración, Seguridad del Transporte y la Navegación Aérea, Artes Escénicas y Musicales, Meteorología, Cooperación Internacional, e Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud.
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