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El Ministerio de Trabajo ha trasladado al de Economía y Hacienda sus reflexiones sobre la «necesidad» de incentivar los planes de pensiones ligados a la negociación de los convenios colectivos, postura que también defiende UGT para exteriorizar los compromisos o premios de jubilación de las empresas. Los planes del vicepresidente Solbes sobre el IRPF prevén, no obstante, un endurecimiento de las condiciones para obtener ventajas fiscales de las inversiones realizadas en este tipo de modelos de ahorro, ya que su gran objetivo en esta materia es impulsar la contratación de seguros privados de dependencia.
La tesis del departamento dirigido por Jesús Caldera es que la previsión social complementaria debe extenderse en España y recibir buenos incentivos, de forma que cada vez haya un mayor número de ciudadanos que puedan completar las prestaciones sociales que reciben del sistema público. Hacienda mantiene algunas diferencias con este planteamiento, al considerar que el modelo actual de este tipo de estímulos tributarios, lejos de suponer un aumento «significativo» para las tasas de ahorro de la economía, favorece en especial a las rentas más altas (superiores a 150.000 euros anuales), que son las que realizan mayores aportaciones.
En lo que sí coinciden plenamente ambos Ministerios es en que esa prestación debe convertirse en una «renta vitalicia», máxime cuando casi todos los informes sobre la evolución de la caja de la Seguridad Social a medio y largo plazo apuntan que ésta entrará en déficit a partir de 2015. El incremento de la edad de los españoles (en 40 años será el país más envejecido de Occidente), unido a la subida de las prejubilaciones -dos de cada tres retiros se producen ya antes de los 65 años, la edad legal para dejar el trabajo-, obligan a diseñar en pocos años una reforma en la que se planteará «alargar la vida laboral».
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