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El Gobierno ha dado el último paso en la lucha contra el blanqueo de capitales al endurecer la normativa y diseñar mayores
controles sobre la actividad financiera. Uno de sus campos de batalla son las remesadoras, unas compañías que han adquirido
un auge espectacular tras la llegada masiva de inmigrantes. Se estima que estas empresas acaparan en torno al 80% de los
envíos de dinero de los inmigrantes a sus países de origen, frente al 15% de la banca. La nueva normativa exige a las
remesadoras desarrollar 'sistemas automatizados' que permitan una mayor vigilancia de sus operaciones. Y también amplía a
la banca los requisitos de identificación de clientes que realicen transferencias al exterior o cambio de moneda de manera
'habitual' y por importes que superen los límites. Es lógico exigir al sistema financiero la máxima transparencia, sin dejar
de cuidar también que no surjan canales alternativos para el dinero ilícito.
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