El Ejecutivo estudia la posibilidad de subir algunos impuestos indirectos estatales con especial incidencia en la sanidad, como los que gravan el alcohol y el tabaco, con el fin de dotar de más recursos a las comunidades autónomas para financiar el gasto sanitario.

En una entrevista concedida a Efe, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, explicó que el Gobierno está considerando varias alternativas, entre las que figura elevar esos tributos, que llevará a la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de septiembre, para ayudar a las comunidades a afrontar el déficit sanitario.

Solbes subrayó que el Estado está dispuesto a "coadyuvar" a la solución del problema, pero reiteró que, en todo caso, no tiene la responsabilidad principal del mismo, que se deriva del modelo de financiación autonómica aprobado en el 2001 y del importante incremento de población que ha tenido lugar desde entonces y que se ha repartido de forma desigual entre las regiones.

El coste político de subir el IBI

Además de la subida de algunos impuestos del Estado con repercusión en la sanidad, el Ejecutivo está considerando la posibilidad de dotar a las comunidades de más capacidad normativa para que puedan elevar sus propios tributos y así obtener ingresos adicionales. Solbes reseñó que la idea es no forzar a las comunidades a aumentar los impuestos directos, por los problemas políticos que genera, sino "intentar que avancen más" en el ámbito de la imposición indirecta. Entre los impuestos directos que recaudan las CCAA se encuentran el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de vehículos.

Solbes indicó que, independientemente de la fórmula de financiación que se acuerde al final, resultará fundamental trabajar para reducir el gasto sanitario, con medidas en política farmacéutica y de coordinación entre administraciones. Si todo eso se pone en marcha, añadió, el Gobierno está dispuesto "a echar una mano temporalmente aportando algunos recursos".

El vicepresidente subrayó que esa aportación —que podría recogerse ya en los presupuestos del año que viene, según han indicado varios miembros del Ejecutivo— sería temporal, porque al final el incremento de población que ha generado el déficit acabará creando más ingresos tributarios en las regiones en que se ha instalado.

Solbes opinó que la Conferencia de Presidentes debería girar en torno a esas ideas, que ya han sido discutidas con las comunidades y que volverán a ser debatidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previo a la Conferencia, para intentar alcanzar un acuerdo que complemente al sistema de financiación aprobado unánimemente en el 2001.