Solbes aseveró que "nadie está hablando de que todos lo funcionarios por encima de una determinada edad vayan a jubilarse, no se está planteando eso en absoluto". La preocupación del Gobierno no es la prejubilación de los funcionarios, sino la modernización de la Administración, dijo Solbes, quien precisó que "es evidente que tenemos una Administración residual", consecuencia de la creación del Estado autonómico.

Recordó que se han trasladado tanto recursos como funciones muy importantes a las comunidades autónomas y la Administración central "se ha quedado lo que no se ha trasladado" y ello, dijo, "exige una reflexión". En su opinión, hay que pensar si la Administración Central que tenemos es la óptima para el Estado central que queremos en el futuro.

Incidió en que la incorporación de las nuevas tecnologías ha cambiado las características que deben reunir los funcionarios y la naturaleza de su trabajo. En este contexto, dijo, es donde entra la reflexión de si tiene sentido un ajuste de personal "dentro de un problema global", y que, en este marco, la posibilidad de un plan de prejubilación "sigue abierta".

El vicepresidente admitió que el criterio de la edad puede aplicarse en ámbitos muy concretos como la educación, para funcionarios "con más de sesenta años, con determinada antigüedad y con unas condiciones específicas de jubilación". Así, en su opinión, cuando se planteó la posible prejubilación de los funcionarios se hizo, como tantas otras veces "enfocando un problema muy amplio en un punto muy concreto".

Plan de rejuvenecimiento

El pasado 13 de junio el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció un plan de "rejuvenecimiento" de la administración central con "jubilaciones anticipadas e incentivadas" para adecuar el capital humano a las necesidades de los ciudadanos.

Sevilla precisó que la edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) es de 47 años y que el plan de prejubilaciones, que sería voluntario, podría aplicarse a los empleados de entre 58 y 64 años -unas 25.000 personas-.

La posibilidad de que los funcionarios puedan jubilarse anticipadamente era, según Sevilla, una demanda de los sindicatos que se enmarca en un "esquema de jubilación flexible" y que pretende acabar con la discriminación de este colectivo frente a los trabajadores de la empresa privada.