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El número de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales comunicadas al Ministerio de Economía y Hacienda aumentó un 43,7% en 2004, hasta alcanzar un total de 2.296. En total, las autoridades se incautaron de 26,7 millones de euros por incumplimiento de la normativa sobre movimientos de fondos, mientras que las sanciones por no declarar en los pasos fronterizos el efectivo transportado ascendieron a 1,1 millones de euros.
El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) realizó más de dos millares de actuaciones previas, que desembocaron en la apertura de 217 expediente y la imposición de sanciones por importe de 85.500 euros. El Gobierno ha reforzado este año la lucha contra los defraudadores en esta materia, al aumentar los requisitos que se exigen para las transferencias bancarias internacionales. Con dicho fin, sólo permite abrir una cuenta por Internet, o realizar operaciones financieras a través de la red, si se dispone de una firma electrónica autorizada.
La principal modificación rompe con una práctica bancaria común, que es la de no incluir en las transferencias electrónicas que realizan las entidades financieras la identidad de las personas que las han ordenado, cuyos datos son reemplazados con referencias genéricas.
La deuda del Estado
Según Economía, este tipo de «indefiniciones dificulta, considerablemente», la labor de seguimiento e investigación de fondos a través de los circuitos internacionales de pagos. Para remediarlo, se ha establecido la «obligatoriedad» de incluir esos datos personales, e incluso de mantener disponible la identidad de todos los ordenantes que aparezcan a lo largo de una cadena de pago.
Por otro lado, la deuda del Estado se redujo al 39,2% del producto interior bruto al cierre del ejercicio pasado, lo que supone una rebaja de un punto, que se une a la disminución de la carga de intereses en contabilidad nacional, que se situó en el 1,9% del PIB. Este buen dato fue posible a pesar de que el Gobierno decidió asumir en 2004 la llamada deuda histórica de Renfe, por valor de 5.459 millones. A su vez, la emisión pública del Tesoro Público alcanzó los 76 millones de euros, un 5% menos de lo presupuestado, de modo que la emisión neta se redujo a la mitad (5.200 millones) de lo previsto.
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