EL NUEVO LUNES - Al grano   

Nº 1145. 18 de Julio de 2005    

Entrevista a Joaquín del Moral, secretario general de técnicos de Hacienda (Gestha)

“Se puede recuperar un 10% del fraude fiscal, hasta los 83.755 millones”

Gustavo Granero

– ¿A qué se dedica y cuándo surge Gestha?

– Sus orígenes se encuentran en el Cuerpo de Gestión de Hacienda, creado en 1976 con la finalidad de abordar las medidas urgentes para la reforma de las cuestiones fiscales. Históricamente hemos venido reivindicando que se nos reconociera el trabajo que desempeñamos. El Ministerio de Hacienda siempre ha sido, desgraciadamente, demasiado corporativo. A nosotros también se nos ha conocido con el nombre de la Asociación de Subinspectores de Hacienda, porque ha sido el precursor de Gestha. También se nos puede llamar Subinspectores de Hacienda, aunque Gestha abarca más. Ya en 1998 ese conflicto se agudiza. Vimos que lo más conveniente era crear un sindicato, que surge de manera espontánea y para abordar un problema histórico que en 1998 coge su máximo esplendor. Ahí nuestras reivindicaciones consistían en aspectos técnicos con la creación de lo que ahora es el actual cuerpo técnico, porque ya hemos pasado de llamarnos funcionarios del Cuerpo de Gestión a Técnicos de Hacienda. Somos un sindicato. Pero el problema no se solucionó con la creación del Cuerpo Técnico. No se nos ha reconocido ese trabajo y esas funciones.

Joaquín del Moral, de 45 años de edad, es diplomado en Magisterio en la Universidad de Córdoba (UCO). Del mismo modo, ha cursado estudios universitarios de Antropología Social y Cultural en la Universidad Sevilla. En el año 1988 ingresó en el antiguo Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda. Desde marzo de 1999, Del Moral ostenta el cargo de secretario general de Gestha. Entre los años 1993 y 1999 ejerció el puesto de presidente de la Asociación de Recaudación de Andalucía.

– ¿En qué se basan esas reivindicaciones?

– Nosotros nos sentimos expropiados. Con la Administración Pública actual y en especial con el Ministerio de Economía y Hacienda estamos frente a una organización excesivamente piramidal, frente a cualquier otro tipo empresas públicas o privadas, donde la organización es más horizontal. En definitiva, muchas veces hacemos funciones de Inspectores pero no se nos reconoce. Por poner un ejemplo, cualquier acto administrativo dictado por nosotros tenemos que ir siempre en busca del Inspector para que le dé el visto bueno. Y es imposible materialmente que revisen todos y cada uno de los datos.

– ¿Cuántos asociados tiene Gestha?

– Representamos el 80% del total del colectivo. En Gestha estamos presentes 8.000 técnicos. 6.000 en la Agencia Tributaria, 1.500 en la Intervención General del Estado y los otros 500 repartidos en distintas áreas, como Catastro y Tribunales Económicos Administrativos.

– La Agencia Tributaria ha negado vuestra denuncia sobre una posible caducidad de los expedientes por el nuevo reglamento. ¿Qué hay detrás de todo?

– Desgraciadamente hay un problema de corporativismo. Estamos dentro de la Agencia Tributaria y, dentro de ésta a su vez, dentro del área de Inspección. Aquí se dictan fundamentalmente dos actos: uno de comprobación y regularización de la situación fiscal de cualquier contribuyente, y otro de iniciación e incoar si procede expediente sancionador. Este tema viene regulado en el reglamento general de sanciones. En el anterior reglamento se establecía que las actas por infracciones podían ser suscritas por los órganos correspondientes (hablaba de jefes de equipo y de red de unidad) y por los funcionarios competentes. También se suele hablar en términos de Inspectores y Subinspectores, aunque técnicamente se corresponde con órganos o funcionarios. Lo que ocurre es que los inspectores se arrogan para sí el ostentar en todo caso los puestos como órganos. El reglamento anterior era más flexible, se adaptaba a la realidad de que los inspectores no pueden llevar todos los expedientes sancionadores que se instruyen.

Pero el nuevo reglamento entra en octubre de 2004 y suprime la referencia a funcionarios, para dejar exclusivamente en manos de los órganos del colectivo de Inspectores. Desde octubre de 2004 hasta mayo, cuando se nos da órdenes expresas de que no firmemos los subinspectores, se han instruido muchos expedientes por muchos subinspectores. Y estos no valen. Tal es la gravedad del asunto que, pese a la orden de no firmar y como los expedientes no se pueden sacar adelante, en un gran porcentaje de alegaciones de la Agencia por parte de sus máximos responsables se están incluso contraviniendo las directrices marcadas por el servicio jurídico.

– ¿Y como alternativa no han barajado la posibilidad de no firmar las actas?

– Se pueden colapsar los servicios. Es un tema que nos preocupa bastante y que puede ser bastante gordo. El problema es de la norma, que tendría que haber visto cuál es la realidad y adecuarse. Hemos tenido una reunión con el secretario de Estado de Hacienda en muchos aspectos nos sorprendió su talante y su compromiso para hacer un estudio profundo de todo esto. Esperamos que se reconsidere todo el tema.

– Sin embargo, la reacción de Economía ha sido la de negar la mayor...

– Ahí existe un peligro, que estas sanciones sean recurridas. Ese pequeño aumento del 2% se ha producido porque los expedientes sancionadores se habían mantenido suspendidos por la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria que entró en julio de 2004. Se acumularon expedientes y esa subida puede ser como consecuencia de la elevada acumulación. El problema es grave ya que los tribunales le pueden dar la razón al contribuyente y como han pasado más de tres meses la acción para levantar otra nueva acta ha caducado. Estimamos que el cumplimiento de las nuevas instrucciones para Inspección pueden provocar la caducidad de al menos 17.728 expedientes sancionadores, por un montante de 1.270 millones.

– ¿Qué valoración hacen de la reforma fiscal de Solbes?

– Ya en el año 2003 apostábamos por una reforma fiscal más profunda sobre la anterior del PP. Denunciamos que las rentas del trabajo estaban sometidas a la escala de gravamen y podían ir a un tipo marginal mayor que el de las ganancias patrimoniales o rentas de capital que tributaban al 18%. Eso el PSOE lo hizo suyo, pero entró el Gobierno y respecto a lo que ha anunciado vemos que es una reforma fiscal pausada, insuficiente, que se afronta desde la responsabilidad del Gobierno. También hay que tener en cuenta el entorno fiscal de Europa. Puede producirse una fuga de capital y deslocalización.

En cuanto a la deducción por vivienda se ha dicho que no se va a tocar. El problema es que se ha pensado en la respuesta del ciudadano ante una cuestión que es impopular. Pero guste o no, tarde o temprano se tendrá que abordar. Esta deducción ha dinamizado mucho la economía, pero durante los últimos años, cuando se viene observando la burbuja inmobiliaria, ese beneficio del ciudadano se traslada al promotor como beneficio y como mayor valor de venta para la vivienda. Por lo tanto, está inflando el precio. En Europa hay 1,2 viviendas por familia frente al 1,5 de España. Además, de esto han advertido el Banco de España e el FMI.

– Respecto a las competencias de las Sicav, ¿a quién corresponden?

– Hemos denunciado que las Sicav no son legítimas, aunque sí legales. Pensamos que ahí quien lleva la razón estrictamente desde el punto de vista jurídico es la CNMV. Otra cosa es hablar de injusticia tributaria. Pero la ley es la que es y hay que respetarla. El problema es de legalidad. La ley dice lo que dice. Otra cosa es decirle al Gobierno que eso no es justo. Y el Gobierno nos ha dicho de qué puede servir cambiar la ley si eso va a llevar aparejado que estas Sicav constituyan su domicilio fiscal en otro territorio.

– ¿Cómo valoran la organización y estructura de la Agencia Tributaria?

– El modelo es nefasto, y confiamos en que cambie. No sólo afecta al colectivo de Técnicos de Hacienda sino al resto. El sistema de productividad es perverso. Sólo en el área de inspección se cobra por deuda firmada, con independencia de lo que se recaude y de la eficacia ante los tribunales.

– ¿Se está haciendo lo suficiente para luchar contra las bolsas de fraude?

– Hemos denunciado que el Plan contra el Fraude presentado por el Gobierno es insuficiente, es precipitado, pero también hay que decir que es valiente. En España hay un serio problema, las bolsas de fraude. Por lo menos se ha reconocido el problema. Estamos hablando de una bolsa de fraude del 23% del PIB frente a la media europea que está diez puntos porcentuales por debajo de España. Reducir diez puntos porcentuales las bolsas con las nuevas medidas y converger con Europa el fraude representaría el 13% del PIB, tanto el fraude fiscal como a la Seguridad Social. Esto supone recuperar alrededor de 83.755 millones de euros, sólo como consecuencia de la convergencia con Europa.