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CINCO DÍAS - ECONOMÍA   

14 de Julio de 2005    


Trujillo crea un registro estatal para controlar el fraude en VPO

B. D. / MADRID

El Gobierno pondrá en marcha un registro estatal de viviendas protegidas (VPO) para hacer seguimiento del Plan de Vivienda 2005-2008, recientemente aprobado en Consejo de Ministros.


El anuncio lo hizo ayer la ministra del ramo, María Antonia Trujillo, el mismo día en que se publicaba en el BOE el real decreto con el desarrollo del citado plan. En este nuevo 'registro de viviendas protegidas' se deberán incluir como mínimo, 'los promotores de las viviendas protegidas de nueva construcción y los beneficiarios de todas las ayudas económicas directas estatales', según estipula la disposición adicional sexta de la norma.

Trujillo explicó ayer que el Ejecutivo busca dos objetivos. En primer lugar, canalizar toda la información que haya del programa, con el ánimo de controlar mejor su grado de cumplimiento. En segundo lugar y no menos importante, prevenir el fraude y el abuso de estos instrumentos destinados a las personas con mayores dificultades para el acceso a una vivienda.

Hasta ahora, era pública la intención del Gobierno de que las comunidades autónomas creasen 'registros públicos de demandantes', para controlar a los ciudadanos que deseen acceder a estas ayudas, obligándoles a registrarse previamente en su comunidad si querían acceder a éstas ayudas o, incluso, si aspiran a comprar una VPO en el futuro.

Estos registros regionales, se deberán poner en marcha en seis meses, según estipula el BOE, y con independencia del registro estatal, que englobará además, a la actividad de los promotores. El plan de vivienda tiene un presupuesto de 6.822 millones de euros (el doble del anterior) para gastarlo en familias con ingresos de hasta 42.751 euros anuales. Prevé 180.000 actuaciones anuales, especialmente para menores de 35 años, pero también para otros colectivos como jubilados y familias numerosas. El tiempo para pagar los créditos hipotecarios se amplía de 20 a 25 años. Las viviendas protegidas podrán venderse después de diez años de su compra, pero a precio tasado y con control regional.

Uno de sus puntos estrella es la promoción del alquiler. Además de subvenciones al inquilino y al propietario, el plan incluye ayudas a las empresas promotoras que pongan viviendas en alquiler. Estas ayudas oscilan entre los 8.000 y 11.000 euros en términos generales. No obstante, pueden alcanzar hasta los 46.000 euros si se incluyen todos los años y se trata de pisos para arrendamientos a 25 años (ver tabla). El programa también discrimina en función de la ubicación de la casa. De hecho, prevé mayores ayudas (ver tabla) a residentes en municipios en donde el precio de mercado de los pisos sea mayor, para compensarles por su peor poder de compra.

Sistemas obligatorios de energía solar

Una de las novedades del plan estatal de Vivienda es su apuesta por la 'sostenibilidad' del medio ambiente y la rehabilitación de zonas desfavorecidas en las ciudades.

Respecto al primer punto, destacan algunos aspectos como la obligatoriedad de instalar equipos de energía solar térmica en las nuevas viviendas protegidas que se construyan. Si no se instalan estos paneles o sistemas de ahorro energético, la vivienda en cuestión no tendrá la calificación de vivienda protegida. En el caso de la rehabilitación, se amplían las ayudas existentes, con subvenciones del 40% (hasta 4.500 euros por vivienda), y una ayuda complementaria del 20% para reurbanización.

El fin último del Ministerio es que, por unos medios o por otros, se eleve sustancialmente el parque de viviendas protegidas. Ayudará la cesión de suelo por distintos ministerios. Ya hay 5,5 millones de metros cuadrados para actuaciones que permitirán construir más de 28.000 en régimen de VPO.



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