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Estrella Económica - Economía 

12 de Julio de 2005  



El Gobierno estudia trasladar las ayudas fiscales de los propietarios de viviendas a los inquilinos

El secretario de Estado advierte a las CCAA que es imposible transferir el impuesto de Sociedades

Estrella Digital/ Agencias

Madrid

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez reconoció ayer que el Gobierno estudia trasladar a los inquilinos la ayuda fiscal que reciben los propietarios que alquilan una vivienda como una medida más para aliviar el coste de los arrendamientos. Fernández Ordóñez mandó, además, un mensaje a las Comunidades Autónomas afirmando que es "imposible" transferir el Impuesto de Sociedades tal y como se ha instado desde varios gobiernos regionales.

El ministerio de Economía y Hacienda trabaja con el de Vivienda en un nuevo proyecto para fomentar los alquileres en el mercado inmobiliario español. Ayer, en Barcelona, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, afirmaba que se está "estudiando suprimir o dividir las ayudas fiscales que en este momento reciben los propietarios por poner sus pisos en alquiler, en favor de los inquilinos".

Para el secretario de Estado, la ayuda directa al inquilino "tiene más ventajas", ya que el arrendatario "está interesado en declarar que vive de alquiler para beneficiarse de la desgravación, lo que permitirá que afloren muchos propietarios que no han declarado su propiedad".

Fernández Ordóñez destacó la equidad de esta medida, ya que ahora los propietarios hipotecados reciben importantes ayudas fiscales, mientras que quien vive de alquiler no disfruta de incentivo alguno. El secretario de Estado no aclaró si los propietarios perderían la totalidad de sus ayudas o qué parte de las mismas se otorgará a los inquilinos.

Para Fernández Ordóñez, "el dar la ayuda al inquilino no sólo será un beneficio fiscal para él, sino que nos ayudará a que afloren bolsas de dinero negro en este mercado", y añadió que por eso, este año ya se ha exigido en la declaración de renta la información catastral de los pisos y propiedades inmuebles de los declarantes.

Los incentivos al inquilino se incluirían en la reforma fiscal que prepara el ministro de Economía, Pedro Solbes, quien la ha datado para el 2006.

Esta medida en estudio se uniría a los incentivos para los fondos de inversión inmobiliaria, que rebajan del 35 por ciento actual al cinco la tributación para las sociedades dedicadas al arrendamiento de vivienda, incluidos en el Plan de Dinamización aprobado en febrero pasado y cuya entrada en vigor se espera para finales del verano.

El Impuesto de Sociedades, intocable

Por otra parte, Fernández Ordóñez, mandó ayer un mensaje a los gobiernos regionales cerrando la puerta a que las autonomías puedan gestionar el Impuesto sobre Sociedades, en contra de lo que proponen la reforma de algunos Estatutos, como el catalán, al asegurar que le parece un impuesto "imposible de transferir".

Durante una conferencia pronunciada en Barcelona, Fernández Ordóñez dijo que "el de Sociedades me parece un impuesto imposible de transferir a las comunidades. Otra cosa sería transferir los recursos que se recaudan, pero este es el problema que tenemos ahora: comunidades autónomas que tienen altos niveles de gasto y que reciben impuestos sobre los que no tienen capacidad de decisión".

Para Miguel Angel Fernández Ordóñez, esta situación es "económicamente nefasta", por lo que abogó por defender el programa del PSOE, que señala la necesidad de "crear espacios fiscales propios", con lo que las autonomías y el Estado quedarían separados, cada una con sus propios impuestos.

Fernández Ordóñez defiende que las comunidades autónomas gestionen sus propios tributos -mencionó el de hidrocarburos, al que se daría más tramo; los que gravan la electricidad o el IVA minorista-, a los que aplicarían su propia capacidad normativa, mientras que el Estado se reservaría otras competencias fiscales, como el Impuesto sobre Sociedades.

"Además, sería hacerle un regalo excesivo a Madrid, porque el cuarenta por ciento de las empresas españolas tienen la sede en esta comunidad, pese a que actúan en todo el territorio", argumentó el secretario de Estado.

El Impuesto sobre Sociedades recauda anualmente unos 22.000 millones de euros y, según Fernández Ordóñez, "vive un buen momento, pero puede caer en picado, lo que sería fatal para las comunidades autónomas, que tienen una estructura de gasto muy estable".



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