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Estrella Económica - Economía 

12 de Julio de 2005  



Hacienda contrata auditorías privadas ante la falta de medios para controlar el gasto público

El organismo dedicó 862.000 euros en 2004 a financiar estas auditorías, después de perder 323 efectivos desde el año 2000

Estrella Digital/ Ep

Madrid

El Ministerio de Economía y Hacienda, del que depende la Intervención General del Estado (IGAE), está contratando auditorías privadas ante la falta de medios materiales del organismo para controlar la ejecución del gasto público, según una respuesta parlamentaria del Gobierno a la que tuvo acceso Europa Press.

El departamento dirigido por Pedro Solbes admite que, al mismo tiempo que se ha reducido el número de funcionarios con los que cuenta la IGAE, se han incrementado sus funciones como consecuencia de la aprobación de las nuevas leyes de Fundaciones y Subvenciones y de las nuevas exigencias de la UE sobre el control del gasto público. Todo ello, ha motivado la contratación de auditorías privadas para poder controlar la ejecución del gasto público.

La IGAE es el órgano de control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública, al tiempo que es el organismo encargado de controlar a las entidades colaboradoras y a los beneficiarios de subvenciones y de ayudas concedidas por el sector público.

Por ello, el papel de la IGAE ha cobrado más protagonismo en los últimos años, después de que España entrara a formar parte de los países de la Eurozona y a la necesidad de la economía española de cumplir los requisitos del Tratado de Maastritch, entre los que se encuentra la obligación de tener un déficit público por debajo del 3% del PIB. Esta exigencia se ha reforzado también con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En cambio, y pese a su importancia, Hacienda admite que el número de funcionarios de la IGAE, entre ellos interventores y auditores del Estado y técnicos de auditoría y contabilidad, ha seguido, una tendencia decreciente a lo largo de los últimos años, pasando de 2.987 efectivos en 2000 a 2.664 en 2004, lo que representa una reducción de 323 funcionarios.

Control de las subvenciones y fundaciones

Las auditoras privadas contratadas por Hacienda están realizando actuaciones de control de subvenciones y ayudas concedidas con cargo a los fondos estructurales de la UE, así como trabajos relativos para la certificación de la cuenta FEOGA-Garantía.

"Estas colaboraciones se hacen imprescindibles por la necesidad ineludible de cumplir, en tiempo, con los requerimientos de la normativa comunitaria, corriéndose el riesgo, en el caso de incumplimientos, de que ello tenga consecuencias financieras para España", advierte Hacienda.

Los auditores también están llevando a cabo actuaciones de auditoría de cuentas anuales de determinadas entidades públicas y fundaciones del sector público estatal. Hacienda señala que, en estos casos, sólo se dispone de tres meses para realizar la auditoría de estas entidades, por lo que asegura que dedicar los efectivos de la IGAE para esta tarea puede generar "recursos ociosos" durante otros periodos en los que esta actividad auditora desciende.

En cuanto al presupuesto destinado a financiar estas contrataciones, el pasado año la IGAE dedicó 862.064 euros, cifra que es un 18,7% inferior a los 1,06 millones de euros que se destinaron al mismo fin en 2003, pero superior a los 737.523 euros presupuestados en 2002.

Más carga de trabajo

Junto con la disminución de medios humanos, Hacienda indica que las tareas de auditoría pública de la IGAE se han visto incrementadas en los últimos años por la aprobación de las leyes de Fundaciones y de Subvenciones y por el marco de apoyo comunitario 2000-2006. En concreto, la Ley de Fundaciones ha obligado al organismo a auditar anualmente las cuentas de todas las fundaciones públicas estatales, figura jurídica que está proliferando en los últimos años.

En el caso de los controles sobre ayudas concedidas por la UE, la normativa comunitaria establece la necesidad de realizar un número de controles, de modo que, al final del periodo 2000-2006 se haya alcanzado un porcentaje de control de, al menos, el 5% del gasto certificado. Respecto al FEOGA, la Comisión Europea determina que cada estado debe controlar un número de beneficiarios que no podrá ser inferior a la mitad del número de empresas cuyos ingresos o deudas, o la suma de ambos, hayan sido superiores a 150.000 euros por ejercicio.

"Así, razones de eficiencia en la organización de medios hacen aconsejable en determinadas circunstancias, solicitar la colaboración de empresas privadas de auditoría para poder cumplir con las necesidades de control, en todo caso bajo la dirección y supervisión de la IGAE", concluye Hacienda.



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