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El Gobierno ha decidido aplazar 'sine die' la formalización de las Agencia Tributarias autonómicas -a la que aspira Andalucía-, un proyecto que en el Ministerio de Economía sólo verían con buenos ojos si aquellas se conciertan con la estatal, pero que choca con la pretensión de algunas comunidades de ir más allá en sus Estatutos. Por este motivo, según fuentes oficiales consultadas, quedaron ayer fuera del proyecto de ley de Agencias para la Mejora de los Servicios Públicos, aprobado por el Consejo de Ministros, sin que se haya precisado cuando se retomará dicho plan.
El texto elaborado por Administraciones Públicas, del que es titular Jordi Sevilla, crea nueve agencias estatales nuevas, que tratarán temas como inmigración y emigración, seguridad en el transporte y navegación aérea, meteorología e investigación científica y biomédica. Asimismo, da un plazo de dos años para que los 138 organismos públicos que existen en la actualidad adopten esa misma figura. Entre otras características, la agencias dispondrán de más autonomía presupuestaria y de personal, así como mayor capacidad de generar ingresos.
Sevilla señaló, no obstante, que las agencias no supondrán un nuevo tipo de organismo público, sino «una fórmula más moderna y eficiente», lo que permitirá una mayor participación de las comunidades en ellas. Esta es la aspiración de muchas en cuestiones como los impuestos, hasta el punto de que alguna había propuesto tener una oficina fiscal propia que gestionase sus tributos y colaborase con el Estado, sin depender de él.
El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, advirtió ayer que la «parcelación» de la gestión del sistema fiscal «sería una mala solución» y perjudicaría la lucha contra el fraude, mientras se mantenga la transferencias de recursos del Estado a las autonomías.
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