Uno de los principales objetivos del plan era asegurar el cobro de las deudas detectadas, ya que, hasta el momento, el principal indicador que se tenía en cuenta para analizar los resultados de control era la deuda descubierta, aunque gran parte de la misma aún no se hubiese ingresado. Hasta junio, la deuda descubierta alcanzó los 1.927 millones de euros, un 33% más que en el 2004.

Para garantizar el cobro de estas deudas, la Agencia Tributaria ha adoptado 578 medidas cautelares, un 61% más que en igual periodo del año precedente, que cubren un importe total de 177 millones de euros, lo que representa un incremento del 82% respecto al 2004. Estas medidas cautelares, adoptadas principalmente por los órganos de recaudación, van desde el embargo de créditos al embargo de bienes inmuebles, aunque depende en cada caso de la estructura de patrimonio del afectado y del riesgo que genere.

Fernández Ordóñez destacó que, pese a que los resultados del plan deberán analizarse más a largo plazo, se trata de unos datos "muy positivos", que se mejorarán, según dijo, con la próxima aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que será remitida al Congreso en otoño.

La ley recogerá los aspectos normativos que se contemplaban en el Plan del Fraude, como la obligación que se exigirá a los empresarios que tributan en módulos de aplicar retención cuando presten servicios a otros empresarios o la necesidad de incluir en la escritura pública los medios de pago usados en la transmisión de inmuebles.

El fraude del IVA

Pedroche señaló que, además de asegurar el cobro de la deuda, otro de los objetivos básicos del plan era el impulso de la investigación del fraude más complejo, superando la mera comprobación de las rentas declaradas. Así, la Agencia Tributaria ha aumentado en un 175% las empresas investigadas por participación en tramas de fraude del IVA, hasta alcanzar un total de 245, a las que 122 se les ha abierto un expediente de delito fiscal.

La mayor parte de estas empresas acusadas de delito fiscal, pertenecen al sector del automóvil (38), seguido de la informática y telefonía (43), facturas falsas (31), alcoholes (3), oro (2) y chatarra (2). Junto con las actuaciones de control, se han llevado a cabo diferentes actividades de prevención en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), con la visita de 3.871 sociedades y 1.042 denegaciones de inclusión en el ROI.

Vigilancia sobre el sector inmobiliario

El sector inmobiliario, también uno de los principales objetivos de control del Plan del Fraude, ha sido objeto de numerosas actuaciones de la Agencia Tributaria. En este ámbito, se realizaron en el primer semestre del año investigaciones en profundidad a 1.466 empresas, lo que supone un aumento del 14% respecto al mismo periodo del 2004, al tiempo que se ha descubierto deuda por un importe un 33% superior al del ejercicio precedente (250,67 millones de euros).

Pedroche explicó que se ha cambiado la estrategia de selección de las empresas del sector inmobiliario que ahora son investigadas, de tal manera que, se centra en aquellas que tienen un mayor riesgo fiscal y en el conjunto de impuestos por los que tributan, al tiempo que se priorizan los dos últimos ejercicio fiscales, aunque si se detectan irregularidades en años precedentes también se investiga.

En el sector de la construcción, muy ligado también a las actividades inmobiliarias, el certificado de subcontratistas, contemplado en la Ley General Tributaria, ha permitido que dichos subcontratistas ingresen 186 millones de euros en el último año para obtener el certificado, ya que no estaban al corriente de sus obligaciones tributarias.

Aflorar dinero negro

En materia de blanqueo de capitales, las líneas de investigación principales se han centrado en las exportaciones ficticias o ligadas al narcotráfico, en los movimientos de divisas o en la titularidad real de inmuebles. Como consecuencia de las mismas, se ha descubierto dinero negro por valor de 292 millones de euros, lo que supone un 147% más, gracias a la realización de más de 300 actuaciones, un 13% más.

En cuanto a la investigación del Impuesto de Matriculación, cuya recaudación corresponde a las comunidades, se ha abierto investigación a 533 empresas (un 73% más), y casi a 100 de las mismas se les ha practicado una liquidación por importe de 32 millones de euros, como consecuencia del fraude detectado en 8.191 vehículos, matriculados con un valor por debajo del real. En el resto de empresas (434), continúan las inspecciones sobre 40.767 vehículos.

Además, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, la Agencia Tributaria ha comenzado a realizar controles previos a la matriculación de los vehículos para evitar que se declaren por debajo de su valor real, y como consecuencia de dichos controles, en las tres últimas semanas de junio, se paralizaron 500 matriculaciones. A partir de octubre, será obligatorio el pago telemático de dicho impuesto.

Fernández Ordóñez eludió criticar la labor realizada por el Gobierno del PP en el control del fraude, y señaló que la Agencia Tributaria es un organismo que se ha ido mejorando con los sucesivos gobiernos, aunque insinuó que el Ejecutivo anterior priorizó la asistencia al contribuyente más que la lucha contra el fraude. "No voy a gastar ni un minuto en criticar la gestión del PP, aunque es verdad que en algunas casos se ha mejorado más la asistencia al contribuyente y, en otros, se pone más énfasis en la prevención del fraude", señaló.