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De los tres factores de producción clásicos -la tierra, el capital y el trabajo-, todos los ministros de Hacienda del mundo hacen siempre hincapié en el último de ellos. Cualquier reforma fiscal que se precie invoca como su principal objetivo mejorar la tributación de las rentas del trabajo. Este anuncio de premio oficial al esfuerzo del obrero, incluido el de cuello blanco, no siempre se cumple. Realmente, suele ocurrir todo lo contrario. En nuestro país, y pese a las reiteradas promesas de los diversos ministros que han pasado por el caserón de la calle de Alcalá en los últimos 30 años, la participación de los rendimientos salariales en las bases declaradas del IRPF ha sido prácticamente la misma tanto al comienzo como al final de tan largo período: más o menos el 80%.
Se podría decir, por tanto, que el que espera, desespera. Pero no, porque afortunadamente los tiempos cambian y de vez en cuando los programas electorales obligan al partido ganador a su cumplimiento, que en este caso se percibe como sujeto moral. Es lo que ha sucedido con una reciente modificación del Reglamento del IRPF que permite a ciertos trabajadores tributar al tipo de gravamen del 25%, una alícuota bastante moderada si recordamos que el tipo marginal máximo de dicho impuesto puede alcanzar el 45%. Pero, debemos preguntarnos, ¿quiénes son estos trabajadores tan afortunados? Pues los que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento a nuestro territorio para desempeñar un puesto de trabajo efectivo en beneficio de una empresa residente en nuestro país. En estos casos, las rentas laborales obtenidas en España serán gravadas al expresado tipo del 25%.
Este marco jurídico, en abstracto, quizás no diga mucho. No obstante, si coloreamos el cuadro veremos algunos rostros muy populares: los de aquellos futbolistas extranjeros que desde 2004 -primer año de aplicación de este régimen especial- vienen a darle a la pelotita en nuestra Liga de las Estrellas. O los ejecutivos de postín que se integran en la dirección de multinacionales -o de sus filiales o agencias- con sede en España. En todo caso, sujetos portadores de un capital humano altamente tecnificado y cualificado. Precisamente aquellos que pueden -y suelen- negociar con sus empresas unas retribuciones libres de impuestos, por lo que el ahorro fiscal derivado de la norma en cuestión acabará en muchos casos en los bolsillos del patrón.
Pero basta ya de demagogia. Porque la norma a la que aludo no es más que el desarrollo reglamentario de una Ley de finales de 2003, la última que redactó el PP antes de que su Gobierno disolviera las Cortes y convocara las elecciones generales que le llevaron a la más sorprendente y estrepitosa de las derrotas. El actual Gobierno del PSOE no ha hecho, por tanto, más que adaptar los reglamentos siguiendo los pasos de una ley del Gobierno anterior. Pero también nada menos que eso, porque su programa electoral no le hubiera impedido derogar una ley con la que no estaba de acuerdo, como, de hecho, ha realizado en otras materias, como en educación.
Sin embargo, esta política continuista supone un reconocimiento explícito de la ley de hierro de las deslocalizaciones, con la particularidad de que en este caso concreto el fenómeno afecta al factor económico de oferta más rígida, como es el trabajo. Pero, en los empleos cualificados, donde pone rigidez debe leerse elasticidad. Y la ley fiscal no hace otra cosa que extender el certificado de defunción de su principio más importante, el de generalidad-igualdad, y canjearlo por la evidencia de la realidad económica. La ley potencia su funcionalidad para atraer empresas, capitales y, ahora, trabajo. No obstante, ignora que un régimen fiscal es un ecosistema similar a una pareja de guacamayos: cuando muere un miembro de la pareja, el otro se precipita espontáneamente al vacío desde la rama común.
Recordemos la fábula narrada por Orwell en Rebelión en la granja.Los animales, en un ataque de utopía, expulsan al administrador de la hacienda, el señor Jones, y redactan un heptálogo moral que, después del triunfo del tiránico cerdito Napoleón, queda reducido a un único postulado: «Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros».
Félix Bornstein es abogado
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