El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que establece las coordenadas generales del Plan de Vivienda 2005-2008 con un presupuesto de 6.822 millones de euros, lo que supone duplicar la partida que el Ejecutivo anterior destinó al Plan 2002-2005, que contó con 3.380 millones de euros. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, señaló que se trata de un plan "bien dotado económicamente para los ciudadanos, y al que que accederán más españoles con menor esfuerzo". El plan cuenta también con préstamos hipotecarios que ascenderán a 33.000 millones de euros.

El gasto del Estado en la financiación del Plan de Vivienda irá repercutiendo en los Presupuestos Generales del Estado a lo largo de los próximos 28 años. Este largo plazo se debe a la necesidad de repartir durante dicho periodo las subvenciones a los promotores inmobiliarios, cuyos préstamos tienen una vigencia de veinticinco años, más otros tres de carencia, según explicó el director general de Vivienda, Rafael Pacheco, quien añadió que "el grueso del presupuesto se repercutirá en los tres primeros años y medio" de vigencia.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa de la Vega, señaló que la autorización del Plan de Vivienda 2005-2008 es un paso más hacia adelante del compromiso del Gobierno de adoptar medidas para solucionar el problema de la vivienda y facilitar el acceso de la vivienda a los ciudadanos. En este sentido, aseveró que el objetivo del nuevo Plan es el fomento del parque del alquiler, de manera que se pondrá a disposición 176.000 viviendas en régimen de arrendamiento en cuatro años, ocho veces más que el anterior plan, y la construcción de viviendas protegidas.

Un 63% más de viviendas

"Es un plan ambicioso, pero realista que plasma el compromiso del PSOE", señaló De la Vega en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien añadió que este plan permitirá a 180.000 familias más acceder a una vivienda cada año. En concreto, Trujillo precisó que el plan financiará 720.000 viviendas durante su periodo de vigencia, cifra que supone un 63% más que las previstas en el anterior.

Según la ministra, el nuevo plan contempla un incremento del 22% en el número de viviendas protegidas para compra; un aumento del 82% en el número de ayudas para compra de vivienda usada; un 9% más de actuaciones en el área de rehabilitación, y un 102% más en el número de ayudas para urbanización de vivienda protegida.

"Este plan está pensado para los ciudadanos y las ciudades, y además cuenta con el sello de la participación ciudadana, y lleva el sello del consenso con las comunidades autónomas y también con el sector privado", subrayó la titular de Vivienda, quien afirmó que estas medidas permitirán que el precio de la vivienda libre en España alcance una estabilidad, aunque precisó que ya se está manifestando una moderación en el ritmo de crecimiento.

La clave, los jóvenes

El nuevo plan hace especial referencia a determinados colectivos como las familias numerosas, las víctimas del terrorismo y de violencia de género, destacó la titular de Vivienda, quien subrayó los jóvenes son otro colectivo preferente, ya que cuenta con un capítulo específico denominado 'Vivienda Joven'.

Los jóvenes van a contar con facilidades especiales para traspasar una vivienda protegida, contarán con ayudas a la entrada para la compra de una vivienda y conforman el grupo preferente a efectos de subvenciones a inquilinos. El Plan establece un nuevo tipo de vivienda joven en arrendamiento que puede oscilar entre 30 y 45 metros cuadrados útiles.

El acceso a las viviendas protegidas se flexibiliza de forma que se puedan incorporar más ciudadanos a las mismas estableciendo quepueden optar a viviendas protegidas aquellas personas cuyos ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el indicador público de ingresos (IPREM) que, en el 2005, está situado en 6.577 euros anuales.

Las novedades del plan

El texto aprobado ayer por el Gobierno recoge algunas novedades respecto al anterior plan, como la ampliación del periodo para pagar los créditos hipotecarios, al pasar de 20 a 25 años, y la creación de un nuevo tipo de vivienda joven, en alquiler, de un mínimo de 30 metros cuadrados y un máximo de 45 metros cuadradoútiles. Asimismo, el documento fija en diez años el periodo mínimo para la venta de las viviendas protegidas, pero a precio tasado y con un control de transmisión por parte de las comunidades autónomas, a través de registros públicos de VPO o del sistema que cada unadecida habilitar.

Igualmente, se crea un nuevo tipo de vivienda protegida, de precio concertado, dirigida a rentas medias que, no pudiendo acceder por sus ingresos a viviendas de VPO, tampoco pueden hacerlo a vivienda de precio libre. El límite de ingresos para optar a ellas se sitúa en 42.750 euros al año. Asimismo, constituye un programa de Vivienda Joven en arrendamiento, donde los promotores de estas viviendas tendrán ayudas especiales.