Trujillo definió el programa, con vigencia para los próximos tres años y medio, como un plan "bien dotado económicamente", con préstamos hipotecarios que ascenderán a 33.000 millones de euros, y que hará especial hincapié en el acceso de los jóvenes a la vivienda y en el fomento del alquiler, para el que contempla un incremento de las ayudas superior al 600% respecto al anterior plan.

El futuro plan prevé 720.000 actuaciones protegidas (180.000 anuales) en sus cuatro años de vigencia. Las CCAA gobernadas por el PP consideran que supone menos dinero, al entender que habrá más beneficiarios pero proporcionalmente menos ayudas. De hecho, prácticamente todos los consejeros regionales de Vivienda que explicaron su postura al término de la reunión de ayer con Trujillo coincidieron en subrayar que uno de los principales problemas del plan es la cuantía económica, menor en proporción a la que reflejaba el proyecto anterior. En todo caso, todas las comunidades, también las del PP, apoyaron el contenido del texto.

El nuevo plan

Una de las grandes novedades del plan, que fue presentado ayer a las CCAA, es la creación de minipisos protegidos en alquiler para jóvenes de entre 30 y 45 metros cuadrados. La ministra Trujillo explicó que este colectivo podrá beneficiarse de los 'minipisos' de forma "transitoria", de manera que podrán acceder a otras viviendas con mayor superficie o comprar un piso protegido sin devolver las ayudas cuando cambien sus circunstancias personales, como es el caso del incremento del número de miembros de la familia.

Además, el plan amplia hasta 30 años el periodo de vida útil de la VPO —aquel que legalmente tiene que ser considera como tal—, frente a los 15 años que se establecían de promedio en las distintas CCAA. También se creará un registro de demandantes de vivienda protegida.

Igualmente, se mantiene la figura de la Vivienda de Precio Concertado, un 20% más cara y destinada a las rentas medias que actualmente no pueden acceder al mercado protegido ni al libre. Esta VPC contempla la opción del alquiler con posibilidad de compra. Asimismo, se facilitará el "trasvase" de una tipología de vivienda a otra sin tener que devolver las ayudas. También se han incorporado mejoras en la transmisión de las viviendas protegidas, ya que el propietario podrá venderla a partir de los diez años desde su adquisición al registro de demandantes o a los mecanismos de control "análogos" puestos en marcha por los gobiernos regionales.