La superficie de los pisos protegidos en alquiler para jóvenes será determinada por cada comunidad autónoma, pero siempre dentro de la horquilla 30-45 metros cuadrados. La ministra Trujillo explicó que este colectivo podrá beneficiarse de los 'minipisos' de forma "transitoria", de manera que podrán acceder a otras viviendas con mayor superficie o comprar un piso protegido sin devolver las ayudas cuando cambien sus circunstancias personales, como es el caso del incremento del número de miembros de la familia.

Trujillo se mostró "satisfecha" por el resultado de la reunión y reconoció el "gran esfuerzo" de las CCAA para alcanzar el consenso en una fórmula que, dijo, se repetirá en la elaboración de la Ley del Suelo y el Código Técnico de Edificación, que el Gobierno confía en aprobar también este año.

VPO durante un mínimo de 30 años

Entre las concesiones que tuvo que hacer la ministra está que la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) no se extienda a toda la vida útil de los inmuebles —actualmente la media de las comunidades está en torno a los 15 años—, sino a un periodo mínimo de 30, el mismo que establece un Real Decreto de 1978, aún vigente, que define ese plazo como la "vida útil" de un inmueble. Las CCAA podrán decidir si amplían o no ese periodo; Cataluña, por ejemplo, prevé prolongarlo hasta los 90 años, y Asturias, hasta la declaración de ruina del inmueble.

El ministerio, que busca con esta medida evitar el fraude y mantener un parque de VPOs, recoge ahora, al menos en parte —puesto que algunas CCAA, como Murcia, aún consideran ese plazo excesivamente largo y piden que se reduzca a 25 años— una de las peticiones más demandadas por las CCAA gobernadas por el PP y por algunas del PSOE, como Andalucía y Castilla-La Mancha.

La otra gran petición, sobre el inicio del registro de demandantes de VPO, se ha resuelto concediendo a las CCAA un "período de transición" en el que podrán utilizar "instrumentos análogos de control" hasta que elaboren sus propios registros, explicó la ministra. El plan mantiene la figura de la Vivienda de Precio Concertado, un 20% más cara y destinada a las rentas medias que actualmente no pueden acceder al mercado protegido ni al libre, e incluye (tal y como reclamaban CCAA como la de Madrid o Castilla-La Mancha) la opción del alquiler con posibilidad de compra, que inicialmente no contemplaba el borrador.

Asimismo, se facilitará el "trasvase" de una tipología de vivienda a otra, dijo Trujillo, porque se permitirá pasar de una vivienda en alquiler a otra en compra sin devolver las ayudas, así como pasar de una pequeña a una grande, y de una grande a otra pequeña. También se han incorporado mejoras en la transmisión de las viviendas protegidas, ya que el propietario podrá venderla a partir de los diez años desde su adquisición al registro de demandantes o a los mecanismos de control "análogos" puestos en marcha por los gobiernos regionales, aunque en determinados casos ese periodo puede ser inferior.

Falta de financiación

El futuro plan, que prevé 720.000 actuaciones protegidas (180.000 anuales) en sus cuatro años de vigencia, frente a las cerca de 400.000 del anterior, es "el de mayor dotación económica de los aprobados hasta ahora", dijo la ministra, y no supone una reducción de las subvenciones, "ya que serán más ciudadanos los que se verán beneficiados". La dotación final del plan aún no está definida —"ya la determinaremos", dijo Trujillo—.

Pero las CCAA gobernadas por el PP consideran que supone menos dinero, ya que "aunque es cierto que habrá más beneficiarios, la cuantía de las ayudas no se incrementa de forma paralela", explicó el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabía. Según Zabía, el incremento del precio de las VPO —de un 2%, según el borrador del Real Decreto— supondrá "un mayor esfuerzo financiero para las familias".

Prácticamente todos los consejeros que explicaron su postura al término de la reunión con Trujillo coincidieron en subrayar que uno de los principales problemas del plan es la cuantía económica, menor que la que reflejaba el proyecto anterior. Y muchos hicieron hincapié en la paradoja que supone que a pesar de reducirse estas ayudas, el citado Plan contiene más actuaciones. Los consejeros de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia llamaron la atención sobre dicha rebaja cuando en sus regiones están en marcha importantes programas de viviendas, algo que compartió su homólogo en Aragón, quien recalcó que hay menos dinero para casi el doble de actuaciones.

Además de las críticas a la dotación económica del plan, la mayoría de los consejeros reprocharon también a la ministra que el texto pudiera ser aprobado con tanta celeridad porque sería necesario incorporar más matizaciones. La Rioja, a su vez, ha decidido dejar la puerta abierta a un posible recurso de inconstitucionalidad al entender que la norma invade competencias autonómicas.

En todo caso, todas las comunidades, también las del PP, apoyaron el contenido del texto. Así, el consejero de Vivienda de Murcia, Joaquín Bascuñana, del PP, reconoció no tener "reparos" en admitir que "el Ministerio ha tenido una gran sensibilidad" con las alegaciones que las CCAA habían presentado al anterior borrador. "Esto es de felicitar, aún siendo de otro partido", afirmó el consejero murciano.

Enmienda en favor de las alquiladoras

Por otraparte, el Grupo Parlamentario de ERC consiguió sacar adelante ayer, con el apoyo del PP y el rechazo del PSOE, una enmienda al proyecto de ley de reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad que permite que las entidades que compran viviendas de protección oficial para alquiler continúen tributando al 4% por ser VPO, en vez de al 7% contemplado en la ley del Impuesto de Sociedades.

El texto procedente de la Comisión de Economía y Hacienda sólo recogía la tributación especial para las VPO "cuando las entregas se efectuaran por sus promotores, incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente". El añadido propuesto por ERC amplia la tributación también para las entidades que compran VPO para su posterior alquiler. En la explicación de la enmienda ERC dice que estas entidades "realizan una importante labor social que justifica el mantenimiento de una tributación por IVA privilegiada".