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La organización mayoritaria de inspectores de Hacienda del Estado, la antigua Apife, alertó ayer de una «amnistía fiscal» encubierta para las grandes fortunas que utilizan las sociedades de inversión colectiva, las llamadas sicav, para beneficiarse de una tributación ventajosa, un 1%, sin cumplir los requisitos necesarios para poder acogerse a este tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades.
El presidente de la organización, José María Peláez, se mostró ayer contrario a la intención del Gobierno de dejar en manos de la CNMV la decisión sobre si las sociedades cumplen o no los requisitos necesarios para tributar al tipo reducido. De hecho, anunciaron que recurrirán a los Tribunales el Real Decreto por el que se aprobará el Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y que deja en manos de la institución que preside Manuel Conthe, el criterio sobre quién es y quién no es sicav. Argumentan, en este sentido, que la competencia exclusiva de la CNMV choca frontalmente con la Ley General Tributaria y con la que regula el Impuesto de Sociedades, textos ambos que otorgan a la Inspección de Hacienda la más alta competencia en materia fiscal. Pero más preocupada incluso está la organización de inspectores por la posible incorporación a la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de dos enmiendas de CiU, que contaron en Comisión con el apoyo de PP, ERC, y CC, y que le ortorga a la CNMV competencia exclusiva sobre las sicav, y además con efectos retroactivos desde 1997. Según los inspectores, la consecuencia inmediata de la incorporación de estas enmiendas, que saldrían adelante si se mantienen estos apoyos en su debate en el pleno de mañana, sería la anulación de las actas levantadas por la Inspección y el archivo de los expedientes en curso, aunque esté demostrado que las entidades objeto de las actuaciones no hayan cumplido los requisitos legales para tributar al 1%.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, tras clausurar la Asamblea anual de Inverco, explicó que el Gobierno es partidario de dar las competencias a la CNMV, pero que no apoyará las enmiendas de CiU por el momento a partir del cual las sicav perderían las ventajas fiscales. El grupo catalán propone que sea cuando la CNMV les retire la condición, y el Gobierno explica que debe ser cuando dejen de cumplir los requisitos establecidos.
Los inspectores de Hacienda fueron críticos tanto con la cúpula del anterior Gobierno del PP, como con la del actual. Según explicó Peláez, desde 1999 se han incluido las sicav en los planes directores de lucha contra el fraude, pero hasta 2004 no se han hecho inspecciones generalizadas a estas entidades. Y ahora, cuando se ponen en marcha y se descubre que de las 200 inspecciones abiertas, en una gran mayoría se incumplen los requisitos y, por tanto se está defraudando a Hacienda, se intentan tomar medidas legales para exculpar a estos contribuyentes. Además, explican, lo normal cuando se detectan estos incumplimientos sería aumentar el número de comprobaciones a este tipo de sociedades, y esto no ha ocurrido. Por el contrario, en el plan de 2005, ya no se han incluido nuevas sicav para investigar.
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