Sevilla, que compareció en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, defendió su plan de jubilaciones anticipadas para la plantilla pública, recordando que actualmente ya existen mecanismos legales en el Régimen de Clases Pasivas para que los funcionarios puedan jubilarse de manera anticipada a partir de los 60 años, recibiendo el 50% de la pensión si acreditan 30 años de antigüedad y prácticamente el 100% si presentan 35 años de antigüedad.
El ministro subrayó, por tanto, que su proyecto de rejuvenecimiento de la plantilla pública "no es algo novedoso", y no sólo porque exista una regulación para las jubilaciones anticipadas en las Clases Pasivas, sino porque además, el anterior Gobierno, en el proyecto de Estatuto Básico de la Función Pública que elaboró en julio de 1999 ya incluía la posibilidad de establecer incentivos económicos para jubilaciones anticipadas.
Asimismo, Sevilla recordó que en el acuerdo para el diálogo social que firmó con CC.OO., UGT y CSI-CSIF el pasado mes de septiembre se contemplaba el estudiar una serie de criterios para poner en marcha un plan de jubilaciones anticipadas dirigido a colectivos específicos.
COMPATIBLE CON ALARGAR LA VIDA LABORAL
El ministro aseguró que este plan de jubilaciones "selectivas" en el sector público sería "perfectamente compatible" con el sistema de jubilación flexible y con la intención del Gobierno de avanzar hacia un incremento de la edad real de jubilación en el sector privado, ahora situada en el entorno de los 60-61 años, frente a los 65 establecidos legalmente.
El titular de Administraciones Públicas explicó que la Administración General del Estado (AGE) es la "más envejecida" de las tres administraciones, situándose su media de edad (sin incluir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) en 47 años, cifra que, "si no se remedia", se elevará hasta los 57 años en la próxima década, advirtió el ministro.
Sevilla señaló que con su plan de jubilaciones no pretende resolver "todos los males" de la Administración, pero insistió en que "no es un pecado" hablar de ello. "Ni es la panacea ni es un tema tabú", resumió el ministro, que confió en que a finales de este año o como mucho a principios de 2006 el grupo de trabajo que ha abierto con los sindicatos tenga ya propuestas concretas sobre la materia.
Desde el PP, Francisco José Villar reconoció que el proceso de transferencias puede haber hecho necesario "algún tipo de reestructuración" en la plantilla pública, pero inmediatamente después afirmó sentirse "preocupado" por las condiciones en las que se realizarán estas jubilaciones que, en todo caso, consideró contrarias al programa electoral del PSOE y a las recomendaciones de Bruselas.
Por su parte, el portavoz de ERC en la Comisión de Administraciones Públicas, Francesc Canet, no quiso entrar a valorar el plan de jubilaciones antes no conocerlo al detalle, en tanto que el diputado de CiU Josep María Guinart opinó que, de llevarse a cabo, habrían de ser selectivas y no generalizadas.
ESTATUTO "POR CONSENSO"
El ministro no sólo acudió al Congreso a hablar de su plan para rejuvenecer la plantilla pública. Por el contrario, la mayor parte de su intervención se centró en exponer a los diputados las líneas principales del informe que ha elaborado un grupo de expertos sobre el Estatuto Básico de la Función Pública. En este sentido, Sevilla reiteró su intención de sacar adelante esta norma por un "amplio consenso", para lo que tratará de llegar a acuerdos con sindicatos, comunidades autónomas y grupos parlamentarios.
Su intención, dijo, es llevar este mismo año al Parlamento el proyecto de ley sobre el Estatuto, con el objetivo último de que vea la luz en esta legislatura. Sevilla está convencido de que habrá acuerdo social y político para aprobar el Estatuto, aunque sabe que antes hay que concretar muchos aspectos, como el alcance del texto (si incluirá o no al personal laboral o sólo al funcionariado) o su ámbito de aplicación (si afectará también a organismos y fundaciones públicas).
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