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Estrella Económica - Economía 

27 de Junio de 2005  



Trujillo convocará el jueves a las CC.AA. a una reunión para debatir el Plan de Vivienda 2005-2008

Gobierno y comunidades analizan las alegaciones presentadas al borrador

Estrella Digital/Agencias

Madrid

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, convocará el próximo jueves, 30 de junio, a los consejeros en la materia de las comunidades autónomas para debatir el futuro Plan de Vivienda 2005-2008, y analizar las alegaciones presentadas al borrador inicial, informaron fuentes asistentes a la reunión a Europa Press.

Ambas partes debatirán en este encuentro algunos puntos conflictivos del borrador, como la calificación de las viviendas protegidas durante su vida útil y la creación de los registros de demandantes para controlar la transmisión de este parque, así como la partida presupuestaria en vivienda de cada comunidad autónoma.

No obstante, Trujillo ya manifestó la semana pasada su disposición a flexibilizar algunas exigencias del borrador del Plan de Vivienda, como es el caso de la obligatoriedad de crear registros para controlar la transmisión de las vivienda protegidas. En concreto, Trujillo señaló las comunidades autónomas podrán establecer otras medidas análogas de control, en vez de los registros durante un periodo de transición por motivos operativos.

Igualmente, añadió que el Plan de Vivienda 2005-2008 recogerá las "peculiaridades" en vivienda de las comunidades autónomas, con el fin de no "dar pie" a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante los tribunales e invadir las competencias autonómicas.

La conferencia sectorial del próximo jueves es posterior a la que mantuvo el secretario general de Vivienda, Javier Eugenio Ramos Guallart, y los directores generales de las distintas comunidades autónomas el pasado jueves, donde se acercaron posturas sobre el borrador del Plan de Vivienda, y se incorporaron un porcentaje elevado de las alegaciones formuladas.

Plan de Vivienda

El borrador inicial que elaboró el Ministerio de Vivienda incluye la clasificación de la VPO durante toda su vida útil, y permite flexibilizar las condiciones de transmisión de la vivienda, de manera que el propietario pueda venderla al cambiar sus necesidades habitacionales, pero endurece los requisitos del proceso de venta de la casa.

En concreto, propone que la VPO no se pueda vender en un periodo de 10 años posterior a su concesión, frente a los 15 años de media que regulan todas las comunidades autónomas, excepto por motivos justificados como movilidad laboral, víctimas de violencia de género o terrorismo o la modificación del número de miembros de la familia.

En el caso de que las comunidades autónomas no creen esos registros, el Gobierno no financiará ninguna de las actuaciones que en materia de vivienda lleve a cabo el ejecutivo regional, con el fin de invadir las competencias autonómicas. No obstante, esta medida no tendrá carácter retroactivo.

El precio de venta de la vivienda protegida corresponderá al precio actualizado de la casa, de manera que el Departamento de Trujillo propone actualizarlo según el Indice de Precios de Consumo (IPC) o imponer el importe mayor que exista en ese momento entre la tipología de viviendas protegidas.

Ante estos requisitos, el PP ha amenazado con interponer un recurso de inconstitucionalidad al texto ante los tribunales si el Departamento que dirige María Antonia Trujillo no retira la ampliación de la calificación de la VPO a su vida útil, excluye la creación de los registros, así como la constitución de las ventanillas únicas y la incorporación de organismos dependientes de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES).



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