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Una enmienda presentada por CiU, que se discutirá hoy en la Comisión de Economía y Hacienda, pretende limitar el impacto de las inspecciones realizadas por la Agencia Tributaria a las sicav. La norma afectaría a las diligencias realizadas desde 1997.
Después de la tempestad, es el momento de tapar los agujeros. Si en los dos últimos meses los más de 200 expedientes levantados por los inspectores de Hacienda en torno a las sicav sembraron el pánico entre los inversores en estas sociedades, el Congreso puede devolver ahora la tranquilidad al sector financiero. Hoy se discutirán en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja dos enmiendas al proyecto de Ley en materia tributaria para el impulso a la productividad presentadas por CIU en las que se refuerzan la competencia de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) sobre las sicav y que, si se aprueban, limitarán el efecto de las inspecciones abiertas.
En una de ellas, los nacionalistas catalanes piden que en el caso de que un fondo o sicav deje de considerarse ahorro colectivo y pase de tributar desde un tipo del 1% al general del 35%, esta mayor tributación sólo se aplique “a partir del periodo impositivo que se iniciará al día siguiente a la adopción del acuerdo de revocación por la CNMV”. Es decir, la Comisión tendrá toda la competencia y marcará la fecha a partir de la que se produce el aumento del impuesto.
A la espera de la CNMV
Hacienda ha denunciado la existencia de inversores de paja en las sicav para poder alcanzar el límite mínimo legal de cien accionistas y quiere que estas sociedades dejen de considerarse ahorro colectivo. Si la enmienda de CIU se aprueba, el aumento de la tributación sólo se llevaría a cabo cuando la CNMV revoque el carácter colectivo de la sicav. Un alivio para todos los inversores en estos productos que temían un pago inminente, tras el final de la inspección.
Desde la formación nacionalista se explica que esta enmienda busca proteger los derechos del inversor, evitando que un producto que compró con una naturaleza pase a considerarse de otra. Por eso, en caso de un cambio de este tipo, el cliente debería tener la posibilidad de salir antes de que tenga lugar la transformación y la posterior modificación de su fiscalidad. También señalan que la decisión de que la sicav pierda su condición de institución colectiva y pase de tributar al 1% hasta el 35% debe pertenecer a la CNMV. Así, en caso de una inspección de Hacienda que denuncie una irregularidad, habría que esperar a la ratificación por parte de la Comisión.
Una medida que no sólo afectaría a las inspecciones del último año, sino a todas las que correspondieran a “periodos impositivos iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 1997”, según recoge la segunda de las enmiendas de CIU. Es decir, las correspondientes a los últimos ocho años, incluido 2005.
En caso de aprobarse estas dos enmiendas, las más de 200 inspecciones iniciadas por Hacienda deberían esperar a la posterior ratificación de la CNMV, proceso que podría llevar meses tras el fin de la inspección. Una situación que daría tiempo a las sicav afectadas a buscar otras vías de solución (fusión con otras entidades, reembolso de participaciones...) para no enfrentarse a un aumento de su tipo impositivo.
Fuentes de la Administración reconocen la intención de no realizar cambios legislativos que pudieran provocar fugas de dinero hacia otros países europeos con una fiscalidad más favorable. En este sentido, parece claro que las competencias sobre la revocación de las ventajas de un fondo o sicav correrán a cargo de la CNMV. Ahora parece que queda por detallar la forma en que se da participación a la Agencia Tributaria en estas decisiones.
Una filosofía que también marcará el próximo reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y que estará aprobado a comienzos de octubre, de acuerdo al calendario que manejan los funcionarios del Ministerio de Economía.
El documento finalmente ha sido remitido a la Secretaría General Técnica del Ministerio que dirige Pedro Solbes. Esta oficina se encarga de adecuar el reglamento al lenguaje jurídico. Una vez superado este trámite, deberá pasar por el Consejo de Estado, durante un periodo no inferior a un mes, y finalmente irá a parar al Consejo de Ministros. Se espera que durante ese proceso se incluyan los últimos detalles relativos a las sicav.
Su aprobación en otoño coincidiría con la presentación de la reforma del Impuesto sobre la Renta, en la que previsiblemente se incluirán algunos cambios en la tributación del ahorro, como una posible elevación del tipo fijo del 15% al 18% para las ganancias de capital a más de un año.
Legislación complementaria
Una vez que el reglamento reciba luz verde, habrá que esperar al desarrollo de una serie de normas por la CNMV, que completarán el nuevo marco legislativo del sector. En este sentido, figura el mercado de fondos de inversión cotizados (ETFs), la constitución del mercado para que se negocien las sicav y los nuevos requisitos de publicidad para los fondos de inversión, en los que la CNMV recuperará el control que durante estos años ha compartido con Inverco, la asociación del sector.
Las gestoras están a la espera de toda esta nueva legislación para lanzar su nueva gama de fondos de gestión alternativa, un estilo de inversión que busca ofrecer rentabilidades consistentes aprovechando las ineficiencias del mercado. Si se cumple el calendario, bancos y cajas podrían lanzar a principios de 2006 sus campañas comerciales en torno a esta nueva oferta de productos.
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