Según el profesor la fijación de la edad de jubilación a los 65 años se fijó en Europa hace más de un siglo, en 1900, y esta no ha cambiado pese a que europeos y españoles vivimos cada vez más.

De la relevancia del informe da cuenta la composición del Comité de Supervisión del mismo en el que han estado presentes, entre otros, el presidente de Telefónica, César Alierta; de los bancos Santander y BBVA, Emilio Botín y Francisco González, respectivamente; de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Jaime Gil Aluja, o de la Fundación PicewaterhouseCoopers, Fernández de Pinedo.

El consejero del Santander Guillermo de la Dehesa, destacó en la presentación del estudio la urgencia de soluciones pues la vida activa de los españoles se ha recortado progresivamente, con los jóvenes incorporándose más tarde al mercado de trabajo, y la vida pasiva dura cada vez más. Como resultado no se podrían garantizar las pensiones de parte de las actuales generaciones en edad laboral.

Para el director del estudio resulta necesario desarrollar planes y fondos de pensiones que sean equiparables a las cotizaciones sociales, que generan el derecho a una pensión de la Seguridad Social.

Para Herce pese a que el esfuerzo es el mismo en cambio el tratamiento fiscal que recibe es bien distinto dado que por las cotizaciones no se tributa y por los planes privados sí. Por ello propone que tengan un tratamiento fiscal superior a cualquier otro producto de ahorro. Herce reconoce las diferencias existentes en la actual administración sobre el tratamiento que deben tener estos planes. Para el autor del trabajo los responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de quien debería depender la resolución del problema son más receptivos que el ministerio de Economía y Hacienda.

Recientemente el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, incluso habló de la posibilidad de penalizar este tipo de ahorro. Para José Antonio Herce los planes privados podrían equiparase al sistema de las pensiones públicas por la vía de no desgravar las aportaciones en ninguno de los casos, pero dejando exentas después las pensiones.

El autor de informe quiso poner en evidencia los negativos aspectos relacionados con la gestión y el gobierno de estos planes que, deberían realizarse de modo que se eviten los conflictos de intereses en su ámbito de actuación. Subrayó que las entidades encargadas de su administración deberían ser totalmente independientes de intereses corporativos y partidistas.

El informe se muestra partidario de cambiar la cultura de la protección social de forma que los Gobiernos renuncien al monopolio de las pensiones y a utilizar este tema con intereses electoralistas.

Urgió al Gobierno a iniciar cuanto antes las reformas necesarias para garantizar el sistema público e incentivar los sistemas complementarios de pensiones.

El estudio también recomienda la creación de una Comisión de Pensiones, un grupo de trabajo como el que recientemente ha elaborado un informe en el Reino Unido formado por sindicatos, empresarios y especialistas, sin representantes del Gobierno, que se ha encargado de proponer una serie de acciones en favor de la viabilidad de las pensiones con independencia de que sean estas públicas o privadas.

En opinión de Herce, esta Comisión debería tener más independencia que la que tienen otros reguladores de mercados liberalizados con el objetivo principal de velar por la estabilidad y sostenibilidad de las pensiones sin distinguir entre públicas y privadas y con responsables elegidos al margen de la coyuntura política.

Herce advirtió también de la necesidad de mantener un nuevo debate sobre el problema de las pensiones con compromisos fuertes, ofensivos y preactivos frente a los planteamientos "defensivos" que emanan según él del Pacto de Toledo, que bien conoce y sobre el que ha publicado varios trabajo con el servicio de estudios de La Caixa.

El Presidente de la Fundación de Estudios Financieros, Aldo Olcese, defendió el desarrollo de los planes y fondos de pensiones para que las empresas obtengan flujos recurrentes de inversión. Según Olcese "debería haber grandes instituciones de pensiones españolas en las empresas, para que no sólo sean extranjeras", como es el caso hoy en día.

Frente a la propuesta de prolongar la vida activa de las personas hasta los 70 años, Aldo Olcese trató de justificar la decisión de las grandes instituciones que patrocinan el estudio de prejubilar incluso a los 48 años, por los cambios que se han producido en el ámbito socioeconómico y laboral de las empresas españolas.

En cuanto a la propuesta de la Administración de anticipar la prejubilación de unos 25.000 funcionarios a partir de los 58 años Olcese justificó la propuesta del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, por la introducción de las nuevas tecnologías que exige la incorporación de personal con una calificación diferente y adecuada.