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Dado que, a su juicio, lo más probable es que las condiciones monetarias y financieras continúen siendo "relativamente holgadas" para las necesidades de la economía española en el horizonte previsible, estima que a la política fiscal le seguirá correspondiendo la responsabilidad de contribuir a establecer un tono macroeconómico global que ayude a mitigar las presiones del gasto.
Tras estimar necesario que no se pierda el impulso a las mejoras del saldo estructural de la cuenta de las administraciones públicas, Caruana considera que resulta "altamente recomendable" realizar un esfuerzo fiscal "superior al programado" en los planes presupuestarios. Primero, porque una política fiscal "algo más ambiciosa" reforzaría su papel estabilizador y de contención de la demanda interna en el corto plazo, y segundo, porque mejoras "más decididas" del saldo estructural situarían a las finanzas públicas en una posición "más ventajosa" para afrontar el incremento del gasto que se derivará del envejecimiento de la población, incluso en un escenario de elevados flujos de inmigración.
El gobernador reconoce que la estabilidad presupuestaria y la disciplina fiscal son activos fundamentales de la política económica española que, sin embargo, "no son siempre fáciles de gestionar". "Tiene gran importancia, por tanto, que la revisión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del sistema de financiación autonómica no conduzca a un debilitamiento de la disciplina fiscal", afirma.
La reforma laboral
En opinión de Caruana, en una situación en que es necesario avanzar simultáneamente en generación de empleo y en productividad, el papel de las políticas de oferta orientadas a mejorar el funcionamiento de la economía y a ampliar su crecimiento potencial "resulta crucial". En este sentido, enfatiza que uno de los mensajes "más importantes que se desprenden del presente Informe Anual de la entidad es que "resultará cada vez más difícil que la economía española siga aumentando en sus niveles de bienestar si no logra progresar paralelamente en ambos frentes".
Desde este enfoque, estima que un mercado de trabajo "más flexible y eficiente" es necesario para vencer las "distorsiones" que, según constata, están contribuyendo al deterioro de la competitividad. Para Caruana, la persistencia de una elevada temporalidad, por encima del 30%, aconseja revisar la eficacia de los incentivos actuales a la contratación, redefiniendo las medidas orientadas a reducir los costes no salariales, e introduciendo "incentivos que racionalicen" el empleo temporal. Igualmente, cree preciso impulsar una reforma de la negociación colectiva que vinculen más las remuneraciones a las mejoras de productividad y que "elimine o, al menos, reduzca el énfasis en los mecanismos de indiciación salarial".
El problema de la vivienda
Respecto al mercado inmobiliario, afirma que se encuentra inmerso en una fase expansiva "de la que no se vislumbran aún signos claros de maduración, pese a su extraordinaria duración e intensidad". Así, el aumento de los precios, que en el 2004 volvieron a superar el 17%, continúa sin mostrar síntomas de una desaceleración significativa, pese a que tasas de crecimiento tan elevadas "son difícilmente justificables sobre la base de la evolución reciente de la renta o de los tipos de interés".
En este sentido, avisa de que "el actual nivel de sobrevaloración no resulta incompatible con una corrección gradual". Además, lanza un mensaje tranquilizador al afirmar que la economía española cuenta con "resortes suficientes de estabilidad" que le permitirían mitigar el impacto de una sensible corrección del precio de la vivienda sobre el gasto de las familias, en el caso poco probable de que éste se produjera. Con todo, estima que la posición financiera de los hogares, si se entiende en su conjunto, sigue siendo "sólida".
Para el responsable del órgano supervisor, las medidas orientadas a aumentar la oferta de viviendas y la accesibilidad a la misma "no serán suficientemente eficaces si no se aborda una reordenación del mercado del suelo, que sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la economía española". Igualmente, estima que un tratamiento fiscal "más neutral" de la vivienda en propiedad y la profundización de las medidas encaminadas a desarrollar el alquiler podrían mejorar el funcionamiento de este mercado".
En respuesta al escenario planteado por el Banco de España, el vicepresidente Pedro Solbes se mostraba convencido de que el mercado inmobiliario tendrá una "corrección progresiva" hacia niveles de precios "má en línea con lo que el país necesita". Pero también apuntó que se trata de la ley de la oferta y la demanda, y que el precio "es el que existe" porque "hay gente que lo paga".
El diagnóstico anual del banco
En el informe anual del banco se subrayan los mismos riesgos para la economía española esbozados por Caruana, el de la falta de competitividad y el endeudamiento familiar como consecuencia del alza de la vivienda. Se piden reformas "de mayor calado" que las establecidas en el Plan de Dinamización del vicepresidente Pedro Solbes en el mercado de trabajo, del suelo y en las pensiones. Además, se recuerdan los problemas de España con sus exportaciones y, en materia laboral, se insta a reducir la diferencia de costes entre contratos fijos y temporales.
A nivel macroeconómico, Caruana afirma que la economía española ha iniciado el año con "elevado dinamismo", que sigue estando basado en el impulso del gasto interior y en una elevada creación de empleo. "Aunque es posible que algunos de los factores que sustentan el gasto de los hogares moderen su impacto en los próximos trimestres, la mayor parte de los elementos que han operado en el pasado reciente seguirán proporcionando un sostén a la demanda interna y a la inversión productiva", pronostica.
Por ello, cree que en la medida en que se recuperen los mercados europeos y se moderen y absorban los efectos de la apreciación del euro se podría frenar la influencia contractiva de la demanda exterior. "Las perspectivas de la economía a corto plazo apuntan hacia una prolongación de la etapa expansiva, con tasas sostenidas de crecimiento del PIB, similares a la observada en el 2004".
Cae más de un 58% el beneficio del BE
El año pasado, el Banco de España ganó 808,95 millones de euros, cantidad que implica un descenso del 58,46% respecto al ejercicio anterior, según datos de las cuentas anuales de la entidad. Buena parte de la caída del beneficio se debió a que los resultados netos por operaciones financieras arrojaron pérdidas, 84,12 millones, frente a 813,31 millones de ganancias del ejercicio anterior, ya que la variación de los ingresos netos por intereses fue mínima, el 1%. Esta partida de la cuenta ha estado condicionada por la notable disminución de los resultados de las operaciones financieras -bajan el 73,12%-, debida a la caída de los beneficios por venta de valores por las pérdidas en el mercadeo de títulos en moneda extranjera. |