El presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió ayer a sus compañeros de partido «máxima prudencia» a la hora de afrontar las reformas estatutarias que se vayan abriendo en las distintas comunidades autónomas y avisó de que no apoyará propuestas sobre financiación que supongan «trocear» la Agencia Tributaria.
Rajoy utilizó la junta directiva nacional de ayer en Madrid para marcar las directrices para seguir en las negociaciones de reformas estatutarias y del sistema de financiación. «Nosotros estamos por la unidad y soberanía nacional, por un modelo de Estado viable, por la igualdad de españoles en derechos y obligaciones y a la hora de percibir prestaciones públicas y por la cohesión social», apostilló.
Rajoy apuntó que fue el Gobierno socialista el que abrió el debate, pese a que el PP incidió en que «hay debates que no se deben abrir si no se tiene la certeza de que se van a cerrar con éxito». Además acusó al presidente Zapatero de no tener «ni la más remota idea de lo que hacer» con la financiación autonómica, y añadió que no se pueden tener abiertos temas que «afectan a las reglas del juego y generan tensiones entre las comunidades autónomas».
Rajoy añadió que si se le llama y se le hace una propuesta estará dispuesto a hablar, siempre y cuando se tenga en cuenta que los populares no apoyarán una reforma de la Carta Magna si no se cuenta con ellos también en las reformas estatutarias. «Si el Gobierno quiere un acuerdo será de todo, porque no es aceptable que quieran pactar la Constitución con el PP porque necesita nuestros votos y no los estatutos porque no nos necesita», puntualizó.
Tras hacer mención al proyecto de reforma estatutaria que se ha aprobado en Valencia, con el «pleno apoyo» de la dirección del PP, pidió a los suyos «la máxima prudencia» para abordar futuras modificaciones que afecten al modelo de Estado y que atiendan a los «límites» que les había marcado ya que constituyen la «doctrina básica» del PP.
Matas se defiende
El presidente de Baleares, Jaume Matas, defendió su nueva propuesta de financiación autonómica alegando que Zapatero no ha querido revisar el modelo vigente para tener en cuenta el incremento de población en autonomías como la que él preside. La propuesta de Matas se asemeja a la catalana.
El Gobierno no considera necesario modificar la actual configuración de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones, y afirma que, dado que son tributos estatales cedidos a las comunidades autónomas, son ellas las que deben tomar la decisión de acometer una rebaja de los mismos, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo.
El Gobierno se propone incrementar el poder de las comunidades autónomas para aumentar o reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos, mediante la atribución de mayor capacidad normativa sobre los tramos del IRPF e impuestos especiales que controlan, según «El País».
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se mostró ayer partidario de que las comunidades autónomas tengan más capacidad para establecer nuevos impuestos en sus territorios.
La CEOE se opone frontalmente a la idea de diseñar balanzas fiscales, pues, según advierte en su último boletín, su puesta en marcha conduciría a la «desunión política, a la ruptura del mercado y a la insolidaridad social».
«Estamos siempre a favor de todo lo que suponga la puesta en común de los recursos de España, pero no consideramos conveniente fabricar balanzas fiscales, comerciales, históricas, etcétera, que a su manifiesta inexactitud unen un confesado o tácito propósito de desunión política, ruptura del mercado e insolidaridad social», precisa.
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