El Gobierno no considera necesario modificar la actual configuración de los impuestos de
Patrimonio y Sucesiones y Donaciones y, afirma que, dado que son tributos estatales cedidos a las comunidades
autónomas, son ellas las que deben tomar la decisión de acometer una rebaja de los mismos, según una respuesta
parlamentaria del Ejecutivo.
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Sin embargo, indicó que pueden estudiarse propuestas concretas sobre cuestiones técnicas cuya modificación pueda suponer una simplificación de los mismos para que puedan adaptarse mejor a la realidad, facilitando, no solamente la gestión tributaria a las administraciones gestoras, sino también el cumplimiento de las obligaciones para los contribuyentes.
Por ello, el Ejecutivo aseguró que las decisiones sobre modificaciones que puedan dar lugar a cambios importantes sobre la recaudación tanto del Impuesto de Patrimonio como del Impuesto de Sucesiones están en manos de las comunidades, ya que son ellas las que tienen la capacidad normativa sobre los mismos.
En este sentido, el Gobierno recordó que son ellas las que pueden fijar la cuantía de estos impuestos, en aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal.
Los gobiernos autonómicos pueden, respecto al Impuesto de Patrimonio, regular el mínimo exento, la tarifa, las deducciones y bonificaciones de la cuota, mientras que en el Impuesto sobre Sucesiones, les compete la regulación de las reducciones de la base imponible, las tarifas, las cuantías y los coeficientes del patrimonio preexistente y las deducciones y bonificaciones de la cuota.
Varias comunidades autónomas ya han utilizado la capacidad normativa que tienen sobre estos impuestos y, en el caso del Impuesto sobre Sucesiones, han aplicado exenciones entre cónyuges y ascendientes y descendientes de primer orden. |