|
Mario Navarro-Rubio, secretario general de la Corte de Arbitraje, cree que esta entidad sin
ánimo de lucro, especializada en conflictos del ámbito inmobiliario y profesional, puede potenciar y profesionalizar
el parque de vivienda en alquiler "al aportar una seguridad jurídica que hasta ahora no existía". Creada en 1999,
la Corte de Arbitraje se encuentra ahora en plena expansión, y espera cerrar el 2004 superando "con creces" los
30.000 casos gestionados, según su secretario general, que reconoce el "gran desconocimiento" por parte del público
de este organismo, equivalente jurisdiccional a los Juzgados de Primera Instancia.
|
|
El arbitraje es, en palabras de Navarro-Rubio, un método de administración de justicia "rápido, sencillo y económico", regulado por una ley específica —su última actualización data del 2003— promulgada para descargar de trabajo a los tribunales ordinarios y dirimir conflictos civiles y mercantiles que escapaban al ámbito de las Juntas Arbitrales de Consumo.
La Corte funciona como un juzgado donde las partes no tienen que personarse, ni nombrar un representante legal; la base de la prueba es el documento escrito, y en el caso de los arrendamientos —hasta el momento, su principal área de especialización— basta con presentar el recibo de pago para poner fin al proceso.
La sentencia arbitral, "que es más fuerte que la de un juzgado de primera instancia, puesto que es firme", se dicta en 25 días, por profesionales "rigurosamente seleccionados", y cuya imparcialidad es sometida permanentemente a examen, según Navarro-Rubio.
Más rápido y barato que acudir al juez
Así, un caso de impago "puede dirimirse en apenas 45 días", frente a los "larguísimos" plazos que acompañan en estos casos a todo recurso ante un tribunal ordinario. De hecho, la inmensa mayoría de los más de 6.000 casos relacionados con el alquiler de inmuebles que hasta ahora ha dirimido la Corte (un 96,5% del total) tienen su origen en la falta de pago, según su secretario general.
Además, el ahorro económico es, en palabras de Navarro-Rubio, "brutal": en el caso de los arrendamientos, basta con suscribir un contrato de garantía —42 euros—, frente al desembolso medio de 1.200 euros que, según los cálculos del secretario general de la Corte de Arbitraje, supone, de media, acudir a la justicia ordinaria.
El secretario general de la Corte de Arbitraje, que está, asegura, "en permanente contacto" con las administraciones públicas para posibles acuerdos de colaboración, enfatiza el carácter no lucrativo de esta institución, "un ente propio y autofinanciado, en el que no hay tensiones políticas ni de ningún otro tipo", algo "fundamental", subraya, para garantizar su independencia. |
