Los inspectores fiscales consideran que si las SICAV no cumplen todos sus requisitos deben tributar por un 35% de sus beneficios, como el resto de sociedades, y no por el 1%, como hasta ahora han hecho, lo que eleva a rango de problema serio para estas instituciones la discusión sobre si pueden o no estar controladas por pocos accionistas.

Sin embargo, todo apunta a pensar que el nuevo reglamento de fondos de inversión que ultima el Gobierno no va a establecer requisitos sobre porcentajes de accionariado en las SICAV, —estas sociedades requieren un capital mínimo de 2,4 millones y 100 socios, aunque en algunos casos la propiedad se concentra en un sólo inversor—.

Por ello, y ante la posibilidad de que las grandes fortunas estuvieran utilizando este tipo de sociedades como medio para obtener ventajas fiscales, la Agencia Tributaria decidió abrir expedientes a cientos de SICAV en el 2004. Esto provocó el recelo de estas sociedades, que argumentaron que debía ser la CNMV y no Hacienda el organismo que dijera si cumplen o no con los requisitos de Institución de Inversión Colectiva (IIC).

Discrepancias entre Hacienda y la CNMV

Además, la apertura de expedientes por parte de Hacienda provocó ciertas diferencias entre la CNMV y la Agencia Tributaria, ya que se puso en tela de juicio qué organismo debía ejercer el control sobre las grandes fortunas. Diferencias que fueron desmentidas por Conthe; "no ha habido enfrentamiento, sino puntos de vista divergentes", destacó, al tiempo que apuntó que "la CNMV es plenamente congruente con la legislación vigente y refuerza el principio de seguridad jurídica".

Según han destacado los expertos, el problema es que las sociedades de inversión están compuestas normalmente por un pequeño número de personas que aportan la gran mayoría del capital y que, para llegar al centenar de accionistas exigido legalmente, se incluyen como partícipes incluso a trabajadores de las gestoras que administran dichas SICAV (conocidos popularmente como mariachis).

Sin embargo, a juicio de Conthe "no se puede poner en tela de juicio el régimen fiscal de las SICAV y cambiar el régimen favorable y de neutralidad fiscal que disfrutan", ya que considera que "no se trata de un privilegio, sino de una especie de remansamiento de la tributación".

Entre tanto, desde el Ministerio de Economía se ha asegurado que se quiere "dotar de mayor seguridad jurídica" a las sociedades de inversión, lo que previsiblemente fortalecería el papel de la CNMV como el organismo que decide si estas instituciones cumplen con los requisitos para beneficiarse de una fiscalidad favorable.