El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) prevé tener redactado el borrador definitivo del anteproyecto del futuro Estatuto Básico del Empleado Público "inmediatamente después del verano", para posteriormente ser presentado a los sindicatos y comunidades autónomas, con vistas a que sea presentado ante el Consejo de Ministros para su aprobación en torno a octubre de este año.
Según indicó a Europa Press el secretario general de Administraciones Públicas del Ministerio, Francisco Velázquez, el citado borrador está en proceso de elaboración, después de concluirse el documento elaborado por una Comisión de Expertos presidida por el catedrático de Derecho Administrativo y ex magistrado del Tribunal Constitucional Miguel Sánchez Morón, y de la que forman parte 15 vocales del ámbito docente e investigador y de la propia Administración.
Velázquez explicó que, una vez obtenido el informe elaborado por dichos expertos, presentado hoy en Sevilla, se redactará el borrador y se deberá desarrollar "un proceso muy complejo de convencimiento con los partidos políticos, sindicatos y agentes sociales entre los que se encuentran los funcionarios y las comunidades autónomas", de forma que está previsto establecer negociaciones bilaterales con cada comunidad autónoma. El Gobierno espera que una vez concluida la tramitación parlamentaria, el Estatuto pueda entrar en vigor en octubre de 2006.
Entre los puntos que recogerá el Estatuto, que afectará a unos 2,3 millones de funcionarios y empleados públicos de las administraciones central, autonómicas, municipales y provinciales de toda España --de los que más de 200.000 corresponden a Andalucía--, se encuentra el hecho de que "tiene la vocación de ser aplicable a todos los trabajadores del sector público de forma directa e indirecta, por lo que el ámbito de aplicación de dicho Estatuto "también se extenderá a fundaciones públicas y sociedades mercantiles dependientes de las administraciones públicas".
Además se aplicaría a todos los funcionarios públicos y al personal laboral y se establecerían las normas relacionadas con la negociación colectiva de los empleados públicos, se establecería una carrera administrativa, un nuevo sistema de retribuciones y provisión de puestos de trabajo.
Velázquez destacó además que se establecerá un sistema que "conllevase poder constituir funciones públicas distintas en cada una de las comunidades autónomas pero similares en todo el territorio, de forma que los funcionarios incluso pudieran pasar de una administración pública a otra con determinadas condiciones". De hecho, las recomendaciones dictadas por ese grupo de expertos incluyen "potenciar las posibilidades de movilidad interadministrativa y establecer un sistema de homologación de los diversos sistemas".
Precisó que el Ministerio tendrá en cuenta otros preceptos que se habían elaborado con anterioridad por parte del Gobierno central del PP en 1998, como los aspectos referentes a la carrera administrativa o la provisión de puestos de trabajo.
Valázquez destacó que "trata de una norma fundamental, equiparable al Estatuto de los Trabajadores" y recordó que "buena parte de este Estatuto se deberá aplicar a la Junta de Andalucía, que tendrá que desarrollar su propia Ley de Función Pública".
"Queremos un universo común una ley común que de una vez por todas este precepto pendiente desde la Constitución de 1978 sea una realidad", aseguró el portavoz del Ministerio.
"UN TEXTO MUY GENERAL", SEGUN CC.OO.-A
Por su parte el secretario general de la Federación de Administraciones Públicas de CC.OO.-A, Felipe Falcó, lamentó que el documento de expertos "sea muy genérico y no haga una opción clara por un modelo", que, a juicio de CC.OO.-A, debe basarse en el que ya existe en Andalucía, establecido en función de la ocupación y relación de puestos de trabajo, "y no en otros modelos basados en cuerpos y escalas".
A su juicio, "el Estatuto debe ser lo suficientemente abierto para que permita que las leyes autonómicas se apoyen en él".
"El Estatuto debe marcar las líneas generales del modelo de administración pública que queremos y eso no lo hace el documento de expertos no opta por ningún modelo", lamentó Falcó, que, entre las "carencias" detectadas en dicho documento, destacó "el hecho de que no se aborde un asunto prioritario como es acabar con la doble relación jurídica de empleados públicos, es decir, que existan laborales y funcionarios".
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