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Las comunidades autónomas en las que gobierna el PP han rechazado el grueso del Plan de Vivienda del Gobierno para el
periodo 2005-2008 en lo que se refiere a las viviendas de protección oficial (VPO). En su opinión, las VPO no deben
mantener esa calificación toda la vida del inmueble y tampoco es razonable obligar a las comunidades autónomas a crear
registros únicos de demandantes de ese tipo de vivienda. Ambas medidas no son, en opinión del PP, suficientes para acabar
con el fraude. Eso es cierto. Pero también lo es que colaborarán a reducirlo y que son perfectamente compatibles con un
exhaustivo servicio de inspección. Unas VPO a la espera de entrar en el mercado -a precios muy superiores- pueden derivar
en inútiles pisos vacíos. El registro único, sin embargo, puede dar nombre y apellidos a quienes especulen con VPO.
Oponerse al rechazo a financiar con fondos públicos viviendas en alquiler con derecho a compra parece una crítica más
atinada.
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