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CINCO DÍAS - ECONOMÍA   

11 de Mayo de 2005    


Zapatero tratará de convencer de la oportunidad histórica a nivel territorial

Federico Castaño / MADRID

José Luis Rodríguez Zapatero no afronta el proceso de reformas estatutarias en curso como un problema, sino como una oportunidad histórica para cerrar el modelo territorial desde bases firmes que sirvan para fortalecer al Estado.


El presidente ha preparado con sus colaboradores el debate del Estado de la Nación que hoy comienza en el Congreso a sabiendas de que el líder del PP, Mariano Rajoy, va a centrar buena parte de su discurso en la supuesta falta de proyecto territorial del PSOE y en la carencia de respuestas coherentes al envite de Cataluña y al órdago que le habrían presentado sus socios, en particular Esquerra Republicana de Cataluña, a cambio de darle estabilidad parlamentaria. Fuentes gubernamentales consideran que, lejos de concebir el debate territorial como un problema, Zapatero lo percibe como una 'oportunidad histórica' para resolver el encaje definitivo de Cataluña en España y de encarar el desafío vasco con 'una esperanza fundada en la desaparición de la violencia'.

Las mismas fuentes admiten que el presidente del Gobierno, en contra de sus deseos, llega al debate con la polémica abierta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, una discusión animada por la presentación de la propuesta abrigada desde el tripartito catalán y por la oposición a la misma de buena parte de las comunidades gobernadas por el PSOE y el PP.

En medios gubernamentales se admite que este es uno de los puntos débiles del presidente, a pesar de que el Gobierno tiene bastante avanzadas sus propuestas en el trabajo discreto que están llevando a cabo distintos ministerios, en coordinación con la Ejecutiva federal del PSOE.

Si bien la reunión que los presidentes autonómicos del partido celebraron en Santillana del Mar hace tres años se saldó con un documento que dejaba en el aire buena parte de los asuntos más controvertidos relacionados con la financiación autonómica, el partido maneja algunos criterios básicos que incorporan los límites del modelo pendiente de alumbrar, a los cuales se referirá hoy el presidente durante el debate que le enfrentará a Mariano Rajoy.

El Gobierno apuesta por un sistema de financiación que genere a las comunidades autónomas un espacio fiscal propio formado por una cesta de figuras tributarias sobre las que tendrán amplias competencias normativas. Junto a ellas se abordará la posibilidad de transferir a las comunidades capacidad de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los impuestos.

 
El Gobierno coincide con el PP en que no caben privilegios para ningún territorio

 
El criterio ampliamente compartido en el Gobierno es que estas competencias se ejerzan en coordinación con la Hacienda estatal y desde el respeto al principio de la armonización fiscal y la lucha contra el fraude.

Fondo de Garantía

En el modelo de financiación que el PSOE y el Gobierno han trabajado se prevé el establecimiento de un fondo de garantía que asegure que los servicios traspasados se puedan prestar en todos los territorios a un nivel similar. Dicho fondo vendría determinado por la diferencia entre las necesidades de financiación y el rendimiento normativo del espacio fiscal propio. Este sistema se actualizaría anualmente y se revisaría cada cinco años.

En el Gobierno se tiene claro que para encajar un acuerdo dentro del Consejo de Política Fiscal, donde toman asiento las distintas comunidades autónomas, será necesario avanzar primero en contactos bilaterales con los distintos territorios. En el caso de Cataluña, ya se han iniciado hace meses, puesto que la aspiración del Gobierno tripartito pasa por incorporar a su reforma estatutaria los principios básicos del nuevo modelo de financiación, extremo éste que sí inquieta a los Ministerios de Economía y Administraciones Públicas por cuanto sentaría un serio precedente para el resto de las comunidades. Hasta ahora sólo siete de ellas han iniciado los trabajos para reformar sus Estatutos.

La aspiración del Gobierno a que el nuevo modelo de financiación sea obra de todas las comunidades afectadas y no incluya privilegios de ningún tipo se asienta sobre la propia experiencia histórica.

Evolución de 23 años

La financiación autonómica actual es consecuencia de un proceso de evolución desarrollado en los últimos 23 años. Inicialmente se partió de un periodo transitorio que duró hasta el 1 de enero de 1987, durante el cual la asignación de recursos fue consecuencia de la distribución territorial del gasto público.

   
El PSOE quiere transferir a las CC AA capacidad de gestión tributaria

 
A partir de ese momento, se aplicaron cuatro sistemas de financiación diferentes. Los dos primeros funcionaron para los quinquenios 1987 - 1991 y 1992 -1996, bajo Gobierno socialista, y supusieron la construcción de la estructura básica de la financiación autonómica de tal forma que en todas las comunidades se definió la financiación de acuerdo con criterios objetivos, tales como la población, la superficie, la dispersión de la población o la insularidad y la riqueza relativa.

Los dos últimos funcionaron bajo el Gobierno del PP. El que se aplicó entre 1997 y 2001 constituyó, a juicio de los socialistas, una ruptura con la racionalidad que había caracterizado a los dos modelos anteriores, al abandonar los criterios objetivos de determinación y actualización de la financiación de las comunidades autónomas.

El Gobierno persigue la participación del PP en el proceso de reformas estatutarias

Ninguna de las condiciones impuestas por el Partido Popular para concertar un nuevo modelo de financiación suponen para el Gobierno un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo que José Luis Rodríguez Zapatero ve posible una vez se celebren, el próximo 19 de junio, las elecciones gallegas.

El PP exige la formulación de una propuesta 'transparente' para reformar el actual modelo de financiación que se atenga a los principios básicos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y eluda cualquier pretensión de copiar el sistema de concierto económico que rige para el País Vasco.

En segundo lugar, el PP exige la apertura de un proceso de diálogo simultáneo, igual y conjunto con todas las comunidades autónomas, desechando la posibilidad de negociaciones bilaterales.

Comparte con el PSOE la negativa a que en el desarrollo del modelo actual ninguna comunidad pierda recursos. En este sentido, el partido aboga por el principio de suficiencia para la prestación de niveles similares de servicios en los distintos territorios. Por último, el PP exige que el Gobierno proceda al completo desarrollo de todos los elementos que conforman el modelo actual (lealtad institucional, Fondo de Incapacidad, Fondo de Cohesión Sanitaria, asignaciones de nivelación, y la variable población en todas sus manifestaciones ) pues, en opinión de sus dirigentes, resultan de especial trascendencia para superar las deficiencias de la actual modelo de financiación.

Las comunidades gobernadas por el PP han propuesto la creación de un grupo de trabajo de 'lealtad institucional', así como la fijación de un calendario y de objetivos precisos para cambiar el sistema de financiación actual.



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