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El Ministerio de Administraciones Públicas está ultimando un proyecto de ley de Agencias Públicas, que presentará en las próximas semanas, en el que el Departamento que dirige Pedro Solbes pretende incluir la regulación de las posibles agencias tributarias autonómicas.
La idea, aseguran fuentes del Ministerio de Economía, es que las Comunidades autónomas que quieran tener su agencia tributaria para gestionar y recaudar los impuestos propios, puedan hacerlo, y tengan un marco legal claro que especifique cuáles serán las funciones que podrá asumir, y sus relaciones con la Agencia Estatal. Pero, en ningún caso, la nueva regulación, aceptará las pretensiones del tripartito catalán de crear una Administración tributaria propia «responsable de la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de la totalidad de los tributos propios y de los cedidos».
En este mismo sentido, fuentes de la Agencia Tributaria insistieron a ABC, en que se están haciendo esfuerzos para aumentar la participación de las Comunidades autónomas en este organismo, pero defienden que la gestión, recaudación e inspección de los tributos estatales, aunque tengan cedida una parte de su recaudación, continúe en manos de la Administración central.
La idea es facilitar a las Autonomías que lo deseen crear sus propias agencias, si consideran que éstas tienen un organigrama más ágil que una dirección general dentro del entramado del gobierno regional, pero esto no supondrá la cesión de competencias que ahora tiene la Agencia Estatal, insisten las distintas fuentes gubernamentales consultadas.
La gestión, recaudación e inspección del Impuesto de Sociedades, del Impuesto sobre la Renta y del IVA seguiría, por tanto, en manos de la Agencia Estatal, mientras las autonómicas ejercerán estas funciones sobre el Impuesto del Patrimonio, el de Sucesiones o el de Matriculación, entre otros.
Ya hay algunas Autonomías, como es el caso de Andalucía o Canarias, además de Cataluña, que han manifestado su intención de crear sus propias agencias tributarias.
La propuesta del Gobierno andaluz, es algo menos ambiciosa que la del tripartito catalán ya que pasa por gestionar los impuestos de ámbito autonómico y los cedidos por el Estado; frente a la idea lanzada por Pascual Maragall que supone recaudar en Cataluña todos los impuestos que se devenguen en esta Comunidad, incluidos los del Estado, al que luego ellos devolverían en concepto de «solidaridad» un máximo del 50%. Ambas agencias tributarias, tanto en la propuesta del PSOE andaluz como en la del PSC, estarían consorciadas o coordinadas con la Administración Tributaria estatal.
No obstante, las pretensiones de la Junta de Andalucía también exceden los objetivos del Ministerio de Economía, ya que incluiría la gestión de tributos cedidos, como es el caso de una tercera parte del IRPF, labor que ahora recae en el Agencia Estatal, y que el Gobierno central pretende seguir manteniendo.
Desde la vicepresidencia económica se insiste en que en la nueva ley de Agencias Públicas se regulará la posible coexistencia de las agencias autonómicas con la estatal, así como la representación de las entidades regionales en la actual Administración Tributaria Central. El objetivo, eso sí, será aumentar la participación de las Comunidades autónomas en la Agencia Estatal.
El presidente de la Agencia Tributaria y secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, defendió el pasado mes de noviembre en ABC, que la Agencia Estatal de Administración Tributaria debe seguir gestionando, como hasta ahora, la mayor parte de los ingresos de las Comunidades autónomas, eso sí, con participación más destacada de las Autonomías en los órganos de dirección de la Agencia del Estado. «Hace unos meses, algunos daban por sentado que la Agencia Tributaria se iba a fraccionar, con lo que ello supondría de pérdida de información, incremento de obligaciones para los contribuyentes y merma de eficacia. Pero lo que va a suceder es lo contrario, lo que hemos hecho es reforzar esta institución mejorando los mecanismos de participación de las Comunidades», apuntaba el secretario de Estado.
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