El fuerte impulso de la globalización está muy relacionado con el incremento de la competencia internacional, inducida
por la búsqueda de nuevos espacios comerciales y asentamientos productivos en países menos desarrollados y con ritmos de
crecimiento muy acelerado, caracterizados por marcos regulatorios de relaciones laborales y sistemas de protección social
muy alejados de los estándares europeos.
Esta situación provoca una intensificación de los procesos de deslocalización o relocalización de actividades productivas
y de servicios. Todo acompañado del impulso a proyectos que tienden a priorizar las rentas financieras sobre las generadas
por el trabajo, con el objetivo de conseguir altas rentabilidades con esfuerzo y en tiempo mínimos. Una vorágine en la
que están inmersos la mayoría de los grandes grupos industriales, y algunos Gobiernos, con políticas dirigidas sólo a
ajustes en costes laborales y fuertes reestructuraciones que provocan la pérdida de miles de empleos. Actuaciones que
crean sensación de inestabilidad e incertidumbre, generando ralentización de la demanda, acompañada de desinversiones
o reasignación de inversiones por las multinacionales que repercuten en toda la economía.
Una deslocalización es, en primer término, un drama para sus trabajadores, a los que es necesario ofrecer un cuadro de
garantías adecuado. Pero puede terminar siendo dramático en términos de país si no se crean condiciones adecuadas de
respuesta al proceso de reespecialización productiva que necesita la economía española.
Se trata de apostar por un cambio en el modelo productivo en el que la política industrial de los Gobiernos y la acción
de las empresas deberá prestar atención preferente a los problemas de pérdida de tejido industrial y, por tanto, de
empleo y riqueza derivados. Europa, en línea con la estrategia de Lisboa, debe apostar por la competitividad a largo
plazo basada en la calidad de sus productos, del empleo y la cualificación de sus trabajadores.
El modelo español, con productos de contenido tecnológico bajo-medio, se sigue apoyando en los elementos de
competitividad tradicionales: costes bajos que ahora se confrontan a las economías emergentes; capacidad de atraer
inversión extranjera, que sufre retrocesos importantes, y un mercado en crecimiento, la UE, que hoy crece de forma
muy moderada. Esta situación requiere cambios urgentes, porque la globalización no deja tiempo.
Desde 2002 se vienen produciendo deslocalizaciones de multinacionales que buscan menores costes y beneficios más
rápidos, o entornos legales más favorables para actividades como la biomedicina. Las ventajas competitivas que han
permitido modernizar la economía se han agotado o están a punto de hacerlo.
La pérdida de competitividad en los dos últimos años, si tenemos en cuenta que los costes laborales unitarios
representan poco más del 75% de los de la UE-15, manifiesta que no estamos ante un problema de costes laborales, y
una temporalidad que supera el 30% desmiente la falta de flexibilidad. La solución a los problemas de productividad
está en actuaciones de mayor firmeza en el tratamiento desde la UE del dumping social (textil, naval…), incremento
del gasto público y privado en I+D+i, la modernización de la negociación colectiva como pieza clave para el impulso
compartido de la flexibilidad interna, así como el impulso de una política educativa acorde con los retos de la sociedad.
Desde CC OO no queremos jugar el papel de 'enterradores de los cadáveres' que dejan la ineficiencia empresarial y
la desidia institucional. Reclamamos que se aborden los desafíos de la globalización, de la reestructuración y de
la deslocalización, en lugar de poner el acento sólo en la desregulación y la flexibilidad ilimitada, con la participación
sindical en la gestión del cambio de modelo.
Ante la continuidad de las amenazas de deslocalización, sólo se puede dar respuesta desde la acción sindical en la
empresa y los sectores. En las empresas, generalizando la demanda -en la negociación colectiva- de compromisos de
inversión que afiancen el tejido productivo con actividades de más valor añadido y empleo. Y desde el ámbito sectorial
con diálogo entre Gobierno y Administraciones y los interlocutores sociales y empresariales, donde la configuración
de Observatorios sectoriales es un primer paso para diagnosticar ventajas y déficit del modelo industrial. No sólo
los Observatorios recién creados, sino la política de inversiones a desarrollar, el fomento de la tecnología, medidas
relacionadas con la cantidad y calidad del empleo y condiciones de trabajo, la política energética, la calidad de
las infraestructuras, un uso más intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, un apoyo decidido a
la financiación de las pymes, etcétera, además de una apuesta decidida por nuevos sectores industriales y de servicios
de futuro.
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