Éstas son algunas de las recomendaciones que la Comisión de Expertos, presidida por el catedrático Miguel Sánchez Morón,
ha realizado de cara a la elaboración del Estatuto de la Función Pública y que fueron presentadas hoy por el ministro de
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el propio Morón y el secretario general para la Administración Pública, Francisco
Velázquez, en un acto organizado en el INAP.
Los expertos creen que los puestos de trabajo a los que acceden los funcionarios deben tener 'continuidad y estabilidad',
pero no de manera vitalicia ni absoluta, de tal forma que, periódicamente, sea evaluada por la Administración la evolución
en el desempeño de su actividad. De dicha evaluación, que medirá los méritos y el rendimiento del empleado público,
dependerá su continuidad en el puesto, así como su avance o retroceso en la carrera y parte de su salario, garantizándose
en todo caso que nunca perderá su condición de funcionario.
En esta línea, Morón también juzgó necesario que las retribuciones de los empleados públicos se vinculen en mayor medida
al rendimiento y la consecución de objetivos, incrementándose 'en la medida de lo posible' el complemento de productividad
para todos los funcionarios, siendo cada Administración la responsable de establecer cuánto y cómo. Se trataría, en
definitiva, de que ganaran peso dentro de las retribuciones los complementos ligados al rendimiento del empleado público
o a su categoría y no tanto a la antigüedad del mismo.
La Comisión de Expertos considera además que las subidas retributivas a aplicar a los empleados públicos deben consultarse
previamente a comunidades autónomas y corporaciones locales antes de negociarse con las organizaciones sindicales, y que,
en el caso de la negociación colectiva, tienen que aclararse en el Estatuto qué materias serían objeto de diálogo y cuáles
no.
La propuesta de los expertos parte de la necesidad de que el Estatuto Básico de la Función Pública se configure como un
conjunto de normas comunes para las tres administraciones (la estatal, la autonómica y la local), sin perjuicio de que
los gobiernos autonómicos y ayuntamientos puedan establecer sus propias reglas para la ordenación y mejor funcionamiento
de su personal.
Sólo quedarían fuera de su aplicación determinados cuerpos de funcionarios que requieren leyes orgánicas, como las
Fuerzas Armadas o los Cuerpos de Seguridad, y otros casos singulares, como los empleados del CNI o los notarios. En total,
el Estatuto Básico de la Función Pública afectará a más de 2,3 millones de trabajadores, el 12,4% de la población activa.
La mayor parte de los empleados públicos se concentra actualmente en las administraciones autonómicas y locales,
aglutinando el Estado a tan sólo al 23% de ellos.
READMISION EN CASO DE DESPIDO IMPROCEDENTE
Los expertos creen que el Estatuto debe recoger un conjunto de derechos, pero también, y por primera vez, un listado
de deberes común a todos los empleados públicos, ya sean funcionarios o personal laboral. Morón explicó en este sentido
que no se trata de crear una única categoría de empleado público, sino de aproximar el régimen jurídico básico de todas
las categorías existentes.
Esta regulación, dijo, debe ser 'flexible' para que pueda adaptarse a cada sector del empleo público y ha de prever
también la posibilidad de admitir modalidades de empleo a tiempo parcial y a distancia y recoger medidas para reducir
la elevada tasa de temporalidad del sector público.
A juicio de la Comisión, el Estatuto debe respetar el derecho de los funcionarios a la inmovilidad de su condición, si
bien considera que, en el caso de los contratados laborales, habría que eliminar el despido improcedente. Esto implicaría
que, a diferencia de un empresario privado, la Administración no podría elegir entre indemnizar a su empleado o readmitirlo,
teniendo la obligación siempre de proceder a su readmisión.
Los expertos también proponen 'retocar' algunos criterios del régimen de incompatibilidades cuando el empleo público se
compatibilice con alguna actividad privada con la que pueda entrar en un conflicto de intereses, como es el caso de los
funcionarios encargados de adjudicar licencias o de los que trabajan en organismos reguladores. 'Estamos hablando sobre
todo de incompatibilidades a posteriori', añadió Morón.
SEVILLA: ESTATUTO EN PARLAMENTO ANTES DE FIN DE AÑO
Por su parte, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, manifestó que la aprobación de un Estatuto Básico
para la Función Pública, al que definió como un 'gran convenio colectivo', es una asignatura pendiente que la democracia
tiene con los empleados públicos.
Sevilla, que recordó que el Estatuto de la Función Pública es un mandato constitucional, reafirmó su compromiso de sacar
adelante esta norma antes de 2007 y llevarlo al Parlamento antes de concluir el presente ejercicio. 'Tenemos tres
administraciones y no podemos tener a cada una de ellas haciendo lo que puede sin dotarlas de un marco común, una
normativa básica a la que puedan acogerse', subrayó.
El titular de Administraciones Públicas indicó que su intención es que el Estatuto vea la luz 'con el mayor consenso
posible', para lo que se debatirá con las organizaciones sindicales, las comunidades autónomas, las corporaciones locales
y los grupos parlamentarios. En este sentido, se comprometió a consensuar en el Parlamento este texto con el principal
partido de la oposición, a fin de que esta norma básica se mantenga en el tiempo 'gobierne quien gobierne'.
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