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CINCO DÍAS - ECONOMÍA   

22 de Abril de 2005    


Entra en vigor el nuevo reglamento contra el blanqueo de capitales

El nuevo reglamento sobre prevención del blanqueo de capitales, que entra en vigor hoy, va a servir para rellenar las lagunas legales en lo que respecta al secreto bancario, y que obstaculizan la lucha contra multitud de delitos, desde el tráfico de drogas hasta la evasión de impuestos.

Efe / MADRID

Desde hoy, unas 9.000 entidades tendrán que identificar "individualmente" y "materialmente" las operaciones que se realicen con países considerados como paraísos fiscales o con normas muy rígidas sobre el secreto bancario, como Suiza, Andorra, Mónaco, Liechtenstein o San Marino.

El reglamento especifica que esta identificación se deberá hacer mediante un perfil estándar, creado para entidades financieras, aseguradores y sociedades de valores por foros internacionales como el de Basilea, la asociación internacional de supervisores de seguros (IAIS) o la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

Revisión anual

Las entidades de crédito, aseguradoras, sociedades y agencias de valores, instituciones de inversión colectiva y los establecimientos de cambio de moneda tendrán que pasar además un examen anual sobre sus sistemas de prevención antiblanqueo. Casinos, inmobiliarias y demás sujetos obligados deberán pasarlo cada tres años.

La aplicación de este reglamento será supervisada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) que, desde el año 2000, ha impuesto 17 sanciones por un montante total de 7 millones de euros.

Los más inspeccionados fueron los establecimientos de cambio de moneda, por delante de cajas y bancos, mientras que, según fuentes del Tesoro, las comunicaciones de "operaciones sospechosas" aumentaron un 51%, desde las 1.521 en 2003 hasta las 2.296 en 2004.

El límite de la obligación de informar sobre operaciones sistemáticas se sitúa en los 30.000 euros en efectivo -en bancos y cajas de ahorros-, los 3.000 euros en casas de cambio y gestoras de transferencias, o cualesquiera que provengan o vayan a naciones consideradas paraísos fiscales.



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