La Sociedad Pública del Alquiler, una de las grandes apuestas del Gobierno para afrontar el problema de la vivienda,
está por fin en marcha. Su objetivo es dinamizar un mercado del alquiler que representa apenas el 10% de las viviendas
habitadas, frente al 30% de media en la Unión Europea.
La ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo desveló ayer tras el Consejo de Ministros algunas claves de la
agencia, que debe estar en funcionamiento en otoño. Contará con 20 millones de euros de capital social, con cargo al
presupuesto del Ministerio, de los que seis ya están desembolsados, y tendrá como ingresos de explotación el 20% de
la renta cobrada por el propietario. A cambio, le ofrece al dueño el servicio de intermediación y, lo que es más
importante, la garantía de cobro de la renta, de devolución del inmueble en buen estado, y de asistencia jurídica en
caso necesario. La sociedad cubrirá mediante seguros los riesgos de estas eventualidades. El Ejecutivo cree que con
estas garantías se borrará buena parte de la inseguridad jurídica que hace que en España existan alrededor de tres
millones de viviendas vacías.
Según el sistema aprobado ayer por el Gobierno, el inquilino no tendrá que realizar ningún pago por los servicios de
intermediación. La posibilidad de que el propietario cargue un extra al inquilino para costear el servicio parece
descartada, porque Trujillo se comprometió ayer a que los alquileres serían 'asequibles' y 'razonables', siempre
atendiendo a la ciudad, localización, superficie y características de la vivienda. La ministra explicó que el objetivo
de la agencia estatal es 'dinamizar el mercado, y no suplantar al sector privado', por lo que gestionará una parte
mínima del parque de viviendas. Suplan plurianual de funcionamiento, que también se aprobó ayer, prevé una cartera
inicial de 1.000 viviendas y espera que llegue a las 24.000 dentro de cuatro años, cuando la Sociedad debería alcanzar
el equilibrio financiero.
La agencia estatal suscribirá acuerdos con las autonómicas y otros entes colaboradores para compartir información y
datos. Nace con una duración inicial de diez años, al cabo de los cuales se hará balance para considerar su continuación.
El objetivo teórico es que los agentes privados vayan perdiendo el miedo al alquiler y, con el tiempo la intervención
pública deje de ser necesaria.
Doble contrato
En cuanto a la forma de las relaciones jurídicas, habrá un contrato inicial entre el propietario y la Sociedad, que
legitimará a ésta para intermediar en nombre de aquél. Una vez encontrado un inquilino, se firmará el habitual
contrato entre éste y el propietario. Eso sí, Trujillo aclaró que la Sociedad se ocupará de toda la tramitación,
'para que el inquilino sólo tenga que firmar'.
Aceleración de los juicios de desahucio
La creación de la sociedad estatal tiene como principal objetivo acabar con los recelos de los propietarios a la hora
de poner viviendas en alquiler. La garantía de pago y de restitución en buen estado van en ese camino, aunque queda
por resolver uno de los problemas más espinosos: la posibilidad de expulsar al inquilino de la vivienda en caso de
impago. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ministerio de Justicia
está trabajando para implantar medidas que logren acortar la duración de los juicios de desahucio, empezando por el
llamamiento.
Por su parte, el Partido Popular ya ha anunciado que tratará de impedir en el Parlamento la puesta en marcha de la
agencia.
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